No me hable de las pensiones
España se enfrenta a una de las transformaciones más profundas de su mercado laboral y de su sistema de protección social en las próximas décadas. Según datos de Adecco, en apenas diez años se jubilarán 5,3 millones de trabajadores, mientras que solo 1,8 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral. La proporción es clara: por cada tres jubilados habrá apenas un nuevo cotizante. El desequilibrio no es un horizonte lejano, ya está aquí. Hoy, a pesar de las sucesivas subidas de cotizaciones sociales, éstas apenas cubren el 70% del gasto en pensiones. La diferencia se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone que la pensión ya no depende únicamente de las aportaciones de los trabajadores, sino del conjunto de los contribuyentes.
Para los próximos años, se espera la llegada de varios millones de inmigrantes, de los que unos 2,5 millones según algunas proyecciones, serán mano de obra. Sin embargo, la mayoría de ellos se incorporará a empleos de media y baja cualificación, con bases de cotización reducidas que difícilmente compensarán el desfase existente. La incógnita es si lo harán en los sectores estratégicos que necesitan mano de obra cualificada y, sobre todo, con aportaciones suficientes para sostener el sistema.
El panorama se complica aún más por factores demográficos inamovibles. Los jubilados de hoy y de los próximos años se retiran con pensiones elevadas y con una esperanza de vida larga. La natalidad, en cambio, sigue en mínimos históricos, y los niños que no nacieron ya no lo harán. El resultado es una pirámide poblacional invertida que tensiona la viabilidad del sistema. Ante este escenario, la caja única de la Seguridad Social podría dejar de tener sentido y las pensiones pasar a considerarse un gasto más dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Esto abriría un debate de gran calado político y social, pues implicaría replantear la propia naturaleza del sistema de reparto.
Las soluciones no son sencillas ni populares: ampliar los años para el cálculo de la pensión, retrasar aún más la edad de jubilación o exigir más años cotizados, son medidas que los expertos consideran inevitables, pero que de momento no figuran en la agenda inmediata de los partidos. El futuro de las pensiones en España se decidirá en la próxima década. La pregunta es si la sociedad está preparada para escuchar la verdad y si los políticos se atreverán a contarla.