jueves 17.10.2019

El decretazo de 'chiqui' Montero

La Junta Electoral Central apercibió la semana pasada a la portavoz del Gobierno en funciones por utilizar groseramente la rueda de prensa del Consejo de Ministros para hacer campaña electoral. El viernes pasado Isabel Celaá no estuvo en esa sala. En su lugar aparecieron Carmen Calvo y María Jesús Montero. La primera para hablar de la exhumación de los restos de Franco y la segunda para anunciar oficialmente el 'decretazo' por el que las CCAA recibirán las entregas a cuenta del sistema de financiación. El viernes se hizo electoralismo y al cuadrado.

La ministra de Hacienda en funciones, después de decir que iba a ser pedagógica para que todo el mundo entendiera el asunto, se metió en unos rocambolescos jardines japoneses y no supo aclarar siquiera la cantidad de dinero que finalmente se iba a transferir tanto a las Comunidades Autónomas como a los entes locales. No tenía la cifra entre sus papeles y después de decir 6.000 millones se corrigió y dijo 10.000 millones. ¡Cómo si diera igual! Su papel en esa rueda de prensa era hacer creer a los españoles que no se había producido ningún cambio de criterio. Insistió en que nos tragáramos primero que, según la Abogacía del Estado, un Ggobierno en funciones no podía liberar esos fondos, para después reconocer que otro informe de la misma Abogacía del Estado sí lo permitía, aunque eso de ninguna manera supusiera 'utilizar' la institución a su conveniencia. Lo que tampoco dijo la ministra es que la paralización de las entregas, que tiene a las CCAA maniatadas y sin fondos para hacer frente a la financiación de sus competencias en Sanidad, Educación, salarios o asuntos sociales, ha sido utilizado como arma de presión del candidato Sánchez para lograr su investidura y, una vez que ésta falló, para hacer campaña electoral.

Parece que, finalmente, la cantidad que se transferirá a las CCAA no son ni 6.000 millones ni 10.000 millones, como dijo frívolamente la ministra, sino algo menos de 4.700 millones que servirán para que las autonomías puedan pagar también a sus proveedores a los que ya en algunos lugares estaban asfixiando retrasando sus pagos.

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