En mayo de 2011, la mayoría de los castellano-manchegos apostamos por un cambio de Gobierno en nuestra región tras 28 años de gobiernos socialistas. Fruto del resultado de aquellas elecciones autonómicas, en junio de ese mismo año tomó posesión como Presidenta de Castilla La Mancha María Dolores Cospedal.
Si en los meses previos a aquellas elecciones y con posterioridad en la fase de traspaso de poderes desde el Partido Popular ya se auguraba una desastrosa situación económica en nuestra Región, la realidad fue que la herencia de todos esos años de gobierno de Bono, Barreda y García Page arrojaba un déficit público superior al 7%, una deuda comercial de más 3000 millones de euros y 600.000 facturas sin pagar y una deuda financiera con los Bancos de más de 7000 millones de euros. En resumen, la incompetencia de los socialistas de Castilla-La Mancha para gestionar lo público, lo que es de todos, dejó una deuda en esta Comunidad Autónoma de casi 11.000 millones de euros. Castilla La Mancha estaba en la quiebra y sus servicios públicos básicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, etc…) en serio riesgo.
Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha advirtió desde el primer momento que era absolutamente imprescindible adoptar de inmediato medidas de control y de reducción del gasto público que equilibraran los Presupuestos, que adecuaran el gasto al ingreso real y que permitieran pagar a todos los proveedores a los que en aquel momento se les adeudaba más de 3000 millones de euros en 600.000 facturas.
La Presidenta Cospedal y su Gobierno tenían unos objetivos muy claros: salvar y garantizar los servicios públicos básicos para poder disfrutar de una educación y una sanidad universales, gratuitas y de la máxima calidad, al tiempo que asumían en los Presupuestos Regionales la deuda heredada de los socialistas. Sirvan como ejemplos los siguientes: sólo de intereses de esa deuda se pagan diariamente 1 millón de euros y de los más de 8000 millones de euros de Presupuesto Regional, tan sólo se pueden dedicar poco más de 5000 millones a prestar servicios a los ciudadanos de nuestra región. El resto va a pagar las deudas heredadas de Barreda y García Page.
Así se tomaron numerosas decisiones y se adoptaron medidas ejemplarizantes: se redujeron las delegaciones provinciales de la Junta, que pasaron de 35 a 5, se disminuyeron los cargos de libre designación en un 50%, se suprimieron las figuras del Defensor del Pueblo, Consejo Económico y Social y Sindicatura de Cuentas, por considerarse que eran organismos innecesarios, ya que existían a nivel nacional instituciones que desarrollaban las mismas funciones que las que desaparecían.
Además se subastó una parte importante de los coches oficiales del parque móvil de Castilla-La Mancha, se dejaron muchos de los edificios de alquiler, por los que se pagaban cantidades astronómicas y que se encontraban sin uso y se subastaron otras propiedades de la Junta de Comunidades por las mismas razones.
Con todas estas medidas y muchas otras se consiguió en tan sólo un año la reducción en seis puntos del déficit público y hacer frente al pago de las 600.000 facturas que habían dejado los gobiernos socialistas sin pagar en unas deudas con proveedores que ascendían a más de 3.000 millones de euros.
Hoy los pagos están prácticamente al día y en nuestra Región se puede hablar del cumplimiento con los plazos de pago a sus proveedores. Castilla- La Mancha ha comenzado a tener credibilidad y a ser fiable, no sólo en España, sino también en Europa. Así lo atestiguan las visitas del Vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Tajani y del Comisario Lewandovsky, que no han dudado en decir que Castilla-La Mancha debería servir ejemplo para el resto de la UE.
Como dice María Dolores Cospedal, la política socialista del derroche y del gasto incontrolado no debe volver a nuestra región, no se puede gastar más de lo que se ingresa para no poner en peligro el estado del bienestar que se desea para todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar de Castilla-La Mancha donde residan.
Sólo desde el rigor y el equilibrio presupuestario es posible prestar unos servicios públicos de calidad y además asegurarlos a corto, medio y largo plazo y la experiencia de Castilla-La Mancha con la Presidenta Cospedal a la cabeza evidencia que la mejor garantía se llama Partido Popular.
