La derivada castellano-manchega del caso Bárcenas y la reforma estatutaria con la que se pretende modificar el sistema electoral en la Comunidad Autónoma, son los dos asuntos ‘estrella’ de la actualidad política en nuestra región, y las dos bazas argumentales, con las que el PP y el PSOE, pretenden trasladar a la opinión pública, sus mensajes de defensa democrática y sus ataques al contrario, por vulnerar pilares ‘esenciales’ del modelo territorial autonómico.
Para el PP, la reforma estatutaria y la modificación de la Ley Electoral, es un compromiso de la presidenta Cospedal con el ahorro del gasto público, una extensión de sus políticas reformistas en el sector público, un paso adelante en la modificación de estructuras, y un capítulo más de la corriente ejemplarizante en la pretende instalarse el PP, de cara a los ciudadanos, y por este motivo, sigue pretendiendo llevar al Congreso de los Diputados, una iniciativa legislativa ‘unilateral’ que diseñaría un futuro arco parlamentario, de entre 25 a 35 diputados.
Para el PSOE, el caso Bárcenas es una oportunidad de tomar la iniciativa política en Castilla-La Mancha, un escándalo con el que el principal partido de la oposición exigirá todo tipo de aclaraciones y responsabilidades, una línea de investigación que deslegitima al partido que sostiene al Ejecutivo regional, un escenario para evidenciar que el contrario no respeta las reglas del juego; y una nueva excusa para remarcar las consecuencias que tiene ser secretaria general del PP, y presidenta de la Junta de Comunidades, y la vulnerabilidad en la que se encuentra actualmente la presidenta autonómica, por su responsabilidad en la calle Génova, es decir, por su doble agenda.
Por estos motivos, la Mesa de las Cortes no ofrecerá posibilidad al PSOE de que comparezca Cospedal, en sede parlamentaria, y por contrario, si autorizará avanzar en la reforma estatutaria, mientras el PSOE exige inhabilitar al presidente de las Cortes, Vicente Tirado, y amenaza con pedir la dimisión de la presidenta del Gobierno, y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Los diputados autonómicos pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes, cuando se hayan incumplido las normas de disciplina parlamentaria; en el caso de que sea firme un auto de procesamiento, imputación o penas de prisión; y en el supuesto de que la actuación de un parlamentario afecte al ‘decoro y dignidad’ de la Cámara de Representantes.
Además, para proceder a esta inhabilitación es necesario convocar a la Comisión del Reglamento y el Estatuto del Diputado; y posteriormente aplicar este régimen sancionador con el respaldo de la mayoría de tres quintos del Parlamento regional, tal y como se contempla en el artículo 8, del Titulo II, del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Por otro lado, un diputado puede perder su escaño autonómico, por decisión judicial, por incapacidad, por renuncia, dimisión, cese o cuando ha incurrido en incompatibilidades o ha vulnerado la Ley Electoral de Castilla-La Mancha.
El caso Bárcenas ha llevado al grupo parlamentario socialista a exigir la convocatoria de esta Comisión parlamentaria de carácter interno, con el objetivo de abordar una inhabilitación para el presidente del Parlamento regional y diputado del grupo popular, Vicente Tirado, al aparecer en las conversaciones de Bárcenas con el juez Ruz; y por su presunta intermediación en la vertiente castellano-manchega de este escándalo de financiación irregular del PP.
La oposición parlamentaria también solicita un Periodo Extraordinario de Sesiones, con la pretensión de que la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal comparezca en sede parlamentaria, para explicar el origen y destino de 200.000 euros, de la contabilidad del PP previa a la campaña electoral de 2007, una campaña en la que Cospedal participó como candidata a la Presidencia de la Junta de Comunidades y en la que ya era presidenta del PP de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha autorizará la convocatoria de un Pleno Extraordinario, la próxima semana, para seguir la tramitación de la reforma estatutaria, planteada por el grupo parlamentario popular, para reducir a la mitad el número de diputados del Convento de San Gil.
Esta nueva reforma también consigue aislar a numerosas fuerzas minoritarias, que tendrán complicado poder acceder a una representación parlamentaria en laa próximas eleccioines, además de asentar en el poder al PP de María Dolores de Cospedal, que según su aritmética electoral, con este diseño de escaños, conseguiría volver a reeditar su pasada victoria electoral como en las elecciones autonómicas de 2011, y por mayoría absoluta, reduciendo el cupo de diputados por circunscripción, pero aumentando su ambición de establecerse en el poder político castellano-manchego.
