Opinión

Las incompatibilidades en el caso Bárcenas

El caso Bárcenas, al igual que otros muchos casos de presunta corrupción política, financiación irregular de los partidos, tráfico de influencias, sobresueldos y comisiones, ponen de manifiesto que la Ley de Incompatibilidades de 1983, -modificada en 1991-, para garantizar la independencia y la imparcialidad de los cargos de la Administración y los miembros del Gobierno, no se cumple. En la actualidad, es urgente, que primero se depuren todas las responsabilidades en los casos de corrupción, para afrontar una verdadera reforma ya no sólo sobre ampliando el régimen de incompatibilidades, o la transparencia que debe velar en el ejercicio de la actividad pública, sino para hacer cumplir un régimen sancionador, que lleve a la dimisión y cese del cargo afectado por alguno de estos escándalos. 

El caso Bárcenas, al igual que otros muchos casos de presunta corrupción política, financiación irregular de los partidos, tráfico de influencias, sobresueldos y comisiones, ponen de manifiesto que la Ley de Incompatibilidades de 1983, -modificada en 1991-, para garantizar la independencia y la imparcialidad de los cargos de la Administración y los miembros del Gobierno, no se cumple, y que el principio general por el que cualquier cargo público no puede recibir remuneración alguna de dinero extra con cargo a los presupuestos;  o de entidades, organismos o empresas privadas, se ha incumplido flagrantemente durante la democracia, y es una de las principales grietas surgidas en un modelo político y territorial, que se construyó bajo el pilar de la Constitución de 1978, y que precisamente velaba por articular servicios públicos hacia los ciudadanos, y no que la clase política, utilizase ese modelo, para su enriquecimiento personal y familiar.

Hoy conocemos, que nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, percibió 13 millones de pesetas de sobresueldo, -según los papeles del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas,-, entre los años 1997 a 1999, cuando ejerció de ministro de Administraciones Públicas  (de mayo de 1996 al 18 de enero de 1999) y de Educación (segunda mitad de 1999), durante uno de los Gobiernos de José María Aznar.

Según esta contabilidad manuscrita de Bárcenas, la mayor parte de la cúpula del PP, durante décadas, pudo percibir una especie de sobresueldo en metálico, como complemento en ‘B’, por desarrollar sus funciones en el partido, además de cobrar las nóminas correspondientes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por el ejercicio de su responsabilidad en la Administración.

Una de las obligaciones que también se habría incumplido por parte de estos altos cargos, en la Ley de Incompatibilidades, es la obligación de trasladar todo lo percibido en sus Declaraciones de Actividades, Bienes y Derechos; además de someterse al régimen sancionador y de infracciones, sin mencionar la poca transparencia y la falta de sentido ético, en el desarrollo de sus labores, tanto dentro de la Administración, como para el propio partido al que representan.  

La mayor parte de los casos de corrupción, y que se han incrementado de forma espectacular, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, -momento de mayor eclosión para la economía española de este fenómeno político- están golpeando tanto la presente legislatura y el tramo final de la anterior , un momento especialmente delicado para los ciudadanos, debido al contexto de profunda crisis económica, que lleva a que la corrupción se convierta en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y marque en buena medida, la relación que existe entre el Gobierno y los partidos políticos con los medios de comunicación.

En la actualidad, es urgente, que primero se depuren todas las responsabilidades en los casos de corrupción, para afrontar una verdadera reforma ya no sólo sobre ampliando el régimen de incompatibilidades, o la transparencia que debe velar en el ejercicio de la actividad pública, sino para hacer cumplir un régimen sancionador, que lleve a la dimisión y cese del cargo afectado por alguno de estos escándalos. 

Este supuesto caso de financiación irregular en las filas del PP, con gigantescas dimensiones mediáticas y que amenaza con marcar ya buena parte de la Legislatura, también está eclosionando cualquier actividad del Gobierno, al igual que en el PP, en un ciclo en el que la Secretaría General del PP está liderada por María Dolores de Cospedal, ratificada en dos congresos del partido para ser la 2 en la calle Génova,  desde su elección el 21 de junio de 2008, y que ejerce como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde el 22 de junio de 2011, y como presidenta del PP en la Comunidad Autónoma, desde el 14 de junio de 2006.

En el ámbito nacional, el caso Bárcenas está marcando las comparecencias de Cospedal, en la sede del PP, quedando actualmente el resto de sus funciones, en un segundo plano, en el panorama informativo, debido a que su trayectoria como secretaria general del PP aunque coincide con la salida del ex tesorero de la calle Génova, tiene el hándicap, de que existiese una vinculación laboral y una indemnización pagada por el propio partido, durante los meses, en los que a pesar de no ejercer cargo público, Luis Bárcenas siguió percibiendo salarios y dinero del PP. 

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