La propuesta del PP para reformar el Estatuto de Autonomía, y modificar el sistema electoral, reduciendo a la mitad el número de escaños en las Cortes regionales, ha traído como primera consecuencia, la movilización de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, un partido con clara vocación autonómica, que se encuentra en alza con respecto a la intención de voto, -como reflejan todas las encuestas-, que tendría opciones de tener algún diputado en las próximas elecciones, y que con este planteamiento que dibuja un arco parlamentario de entre 25 a 35 escaños, dificulta seriamente su posibilidad de acceder al Convento de San Gil, mediante las urnas.
Además, otros partidos, mucho más minoritarios, que en situaciones normales no adquieren especial protagonismo en la actualidad política de Castilla-La Mancha, también han cobrado cierta relevancia, como es el caso de UPyD, EQUO, Independientes, Regionalistas, y Partido Castellano, unidos todos ellos, primero en la defensa estatutaria, escenificando una unidad de acción fuera de las instituciones sin precedentes en la historia de la Comunidad Autónoma, con el único propósito de oponerse a esta iniciativa del Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal, y sostenido por el PP.
En esta defensa de los cimientos estatutarios de la Comunidad Autónoma, también se encuentra el PSOE, principal partido de la oposición, que abandonó el Salón de Plenos del Parlamento en la votación de la propuesta, que no participará en la presentación de enmiendas y que acudirá a la Comisión parlamentaria de Asuntos Generales, -la próxima semana-, para volver a escenificar su rechazo, a una modificación del sistema electoral, con la que están radicalmente en contra, al no contar con el consenso adecuado que legitime 'los cambios de raíz de la 'arquitectura institucional' de Castilla-La Mancha.
Por lo tanto, el intento de reforma del Estatuto castellano-manchego de forma ‘unilateral’, ha provocado una alianza política ‘invisible’ entre todos estos partidos, aunque son el PSOE e IU, los máximos baluartes de seguir profundizando en este debate, convirtiendo el constitucionalismo, en seña de identidad de cada formación, con el hándicap para el PSOE de haber apoyado en el pasado, una reforma de la Carta Magna, conjuntamente con el PP, para que el objetivo de déficit y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, principales herramientas de trabajo de las políticas de austeridad y de recorte de derechos, tengan su espacio en el documento clave de la democracia española.
El PSOE tienen en su ADN, la defensa estatutaria, como demostró el portavoz del grupo parlamentario, José Luis Martínez Guijarro, en los dos últimos Plenos, (protagonista de la entrevista de fin de semana en clm24), y en este marco, el PSOE adquiere un protagonismo mucho más mediático, y abre una ventana a una mayor vinculación con la sensibilidad democrática, y profundiza de forma reflexiva en los pilares en los que se asienta nuestra convivencia.
En este debate estatutario ha sido el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, el único que ha recordado que la propuesta incumple el artículo 1 de la Constitución; que dice que España se constituye en un país social y democrático de Derecho, que propugna como valores esenciales; su Ordenamiento Jurídico, la Igualdad y el Pluralismo Político; o el artículo 23 que remarca que hay que garantizar como Derecho Fundamental, el acceso de los ciudadanos, en condiciones de igualdad a los cargos públicos; o el artículo 4 del propio Estatuto de Autonomía; que refleja que corresponde a los poderes público regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la Comunidad Autónoma.
En cualquier caso, parece evidente, que la reforma estatutaria podría acabar siendo recurrida al Tribunal Constitucional; al igual que hizo el PSOE, con la modificación del Reglamento de las Cortes, y la anterior reforma electoral; y por IU, que anunció que posiblemente acuda al TSJCLM, para después buscar el trámite en el Tribunal ‘Garantista’. Con estos recursos, y la demora que acumula el Tribunal Constitucional, es posible que acudiéramos a la convocatoria de las elecciones autonómicas de 2015, sin que estuvieran resueltos estos recursos.
