Desde el inicio de la configuración actual del sistema político-territorial, organizado mediante el Estado de las Autonomías, las diferentes regiones españolas profundizaron en este proceso del autogobierno, a través de las reformas estatutarias, concebidas como modificaciones legislativas que retocan los pilares del entramado institucional de las Comunidades Autónomas, reconocidas por la Constitución Española en su artículo 147 , y para cuya validez es necesario el respaldo de los Parlamentos, tanto regionales como del Congreso de los Diputados.
Las reformas estatutarias han sido el marco jurídico utilizado para ahondar en el proceso autonómico, fijando las señas de identidad de cada región, empezando por la denominación, la delimitación territorial, la organización institucional, las competencias o transferencias asumidas, el régimen lingüístico, aspiraciones hidrológicas, hasta desembocar en intentos de avanzar en el independentismo.
Castilla-La Mancha que nació del Estatuto de Autonomía de 1982, -redactado en el Parador de Alarcón-, ha modificado tres veces su denominado ‘marco de convivencia’, en 1991, 1994 y 1997, para aumentar las potencialidades autonómicas, ampliando las funciones del presidente de la Junta, del conjunto del Gobierno, o para recibir nuevas transferencias del Estado.
En la pasada Legislatura, el debate estatutario estuvo centrado en las aspiraciones hidrológicas de Castilla-La Mancha, y en sí la región tenía competencias para participar en los órganos de gestión del agua, y si podía utilizar la autonomía para fijar una reserva hidrológica anual; un ideario político, cuyo propósito era minimizar y caducar el trasvase Tajo-Segura, utilizado como bandera ideológica por el anterior presidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda, y que acabó con el desencuentro entre el PSOE y el PP.
En la actualidad, dentro de esta VIII Legislatura autonómica, con un Gobierno regional del PP, presidido por María Dolores de Cospedal, y con una mayoría del PP en el Parlamento castellano-manchego, este partido ya planteó una reforma electoral para aumentar los diputados de 49 a 53, y ahora, tras el último Pleno de las Cortes, inicia un proceso de reforma estatutario, para reducir a la mitad el número de escaños, dibujando un arco parlamentario, de entre 25 a 35 diputados, una iniciativa legislativa, que ha encontrado el rechazo del único partido de la oposición, en el Convento de San Gil.
Esta modificación del sistema electoral será el escenario de los rifirrafes de los dos grandes partidos, en los próximos dos años, repitiendo ahora el PSOE, las estrategias de crispación, que usó el PP en la legislatura anterior, y que llevarán al PSOE a la calle y a la movilización, para escenificar fuera de las instituciones, su enfrentamiento con la ‘unilateralidad’ de las políticas reformistas de Cospedal
El PP de Castilla-La Mancha extiende hasta el límite de la reforma estatutaria, su defensa de la austeridad, el control del gasto público, el ajuste presupuestario, o la ‘ejemplarización de la actividad política’, un argumentario identificado ya como la principal credencial del Ejecutivo autonómico, y que lo llevarán a intentar reestructurar las Cortes regionales.
Sin embargo, tanto el PP, como el PSOE se equivocan en sus estrategias. Unos por utilizar las reformas estatutarias, como señales de una política de sostenibilidad de las finanzas públicas, cuando el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, entra en prisión, por un gigantesco escándalo de financiación ilegal, que recorrió los bolsillos de los dirigentes populares, durante décadas, y cuando la ciudadanía sigue criticando duramente, que se retocará la Constitución Española, para dar protagonismo al concepto del déficit.
En el caso del PSOE, el error reside, en escenificar su total rechazo a esta reforma estatutaria, con la pataleta, el plantón, o la salida del Salón de Plenos, cuando durante toda la legislatura anterior, criticó estos comportamientos, y cuando ha sido el máximo defensor de que el debate se hiciese, en sede parlamentaria, una institución que está por encima de los intereses del PP y del PSOE, que se paga con los presupuestos de todos los castellano-manchegos, y que se conforma con la confianza que depositan los ciudadanos en unas listas electorales
