El convento de los Gilitos de Toledo tiembla. Crepitan sus paredes. A nadie le ha dado por pensar que el primero que no entiende de tanta reforma electoral es el propio edificio que lo mismo se ve con 25 que con 53 diputados de la noche a la mañana, estirando y encogiendo sus bancadas como un acordeón.
Peor aún es saber lo que le ocurre al común de los castellano-manchegos en general que, afanados en sus cosas, poco saben de ésta nueva trifulca con que se andan los políticos en esta región.
Aunque hayan conseguido que cambiemos de canal o nos inyectemos un tapón imaginario en los oídos cuando hablan nuestros “representantes” públicos en radio o en televisión, bueno es tener abiertos los sentidos en este caso, para saber por dónde se nos puede atracar.
El número de diputados regionales, esos que se supone que se preocupan por debatir de nuestras cosas para hacernos la vida más fácil, en lugar de estar chateando o jugando con el ordenador desde el hemiciclo -aquí hay empate técnico entre PP y PSOE-, está de nuevo en boga.
El PP, que sabe que la gente tiene la mente hecha un lío y que los márgenes de intención de voto están muy lejos de aquellos que les dieron el poder en las comunidades autónomas hace apenas dos años y medio, está cocinando la manera de poder conservar esos feudos a cualquier precio.
La trampa puede resultar fácil; si se reduce el número de diputados, se elimina a todos esos votos que no vayan a los dos grandes partidos, con lo que se evitan bisagras entre el segundo más votado y otras fuerzas que pudieran entrar -todos pensamos en IU y UPyD-, dejando la batalla final en manos de PP y PSOE.
El tema, emulado por otras comunidades autónomas -donde se masca el batacazo- se vende desde el PP como una especie de hito a favor de los ciudadanos que, veremos con ojos de oveja -animal éste bueno pero sin voluntad-, que tengamos menos políticos que pagar.
Pese a lo que se cree, la bajada de sueldos de la clase política envilece las luchas internas de los partidos y sirve de coladero para toda clase de segundones, tanto como la reducción de su número, en este caso y con la Ley D’Hondt a cuestas, provoca una bajada clamorosa en la representatividad de quienes otorgan el poder: los votantes.
Si con la actual ley electoral ya se quedan muchísimos votos en el limbo, cuántos no serán los que vayan directamente a la basura cuando se duplique el número de votos que un tercer o cuarto partido necesitan para conseguir un solo escaño.
El PP dice que maneja encuestas que dan a esta medida un apoyo con resultados de referéndum chavista, más allá del 94%, mientras que el PSOE se muestra extrañamente preocupado porque los votantes de los partidos minoritarios se queden sin representación. ¿Mande?
Ambos dicen tener sondeos a su favor -que nadie muestra ni explica- que les dan la victoria con comodidad en las elecciones autonómicas de 2015, pero también dejan entrever su nerviosismo porque, como decíamos, la gente está tan harta de los dos, que lo mismo les dan una sorpresa.
El PP ata en corto la posibilidad de vencer al PSOE en un “cara a cara”, mientras los socialistas se quejan de que, en esta ocasión, barrer a IU y UPyD del mapa no les viene nada bien.
El invento no es nuevo pero sí es cierto que, en esta ocasión, supondrá la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha de manera unilateral; algo que el PSOE incluye en su lastimera visión del asunto y en su discurso oficial. En realidad, lo que temen es quedar por debajo del PP y no poder pactar con nadie, aunque, a día de hoy, ni desmienten ni descartan esta posibilidad.
El reparto provincial de diputados juega un papel clave en todo esto. El PSOE ya aprobó en tiempos de Barreda, una modificación del número de diputados de 47 a 49, subiendo en uno el número que Guadalajara y Toledo tenían hasta la fecha, aduciendo a razones de crecimiento de población.
Se dejaba tan sólo a Ciudad Real (11 diputados) como única provincia impar, ya que Toledo pasaba a tener 12, Albacete 10 y Cuenca y Guadalajara 8. El cambio, aprobado en solitario por los socialistas, fue tildado de “pucherazo histórico” por el PP ya que, el PSOE soñaba con el empate en todas las provincias pares y que Ciudad Real -tierra que nunca suele fallar a los socialistas- decantara la balanza. Sin embargo y, aunque el batacazo fue monumental, el empate prevaleció en Albacete (5-5), Toledo (6-6) y Cuenca (4-4), –viva la Ley D’Hondt-, se rompió en Ciudad Real a favor del PSOE (6-5) y ¡cáspita! se rompió también en Guadalajara (5-3) pero a favor de los ‘populares’.
A pesar de que hubo 564.335 votos a favor del PP y de 508.716 a favor del PSOE, la diferencia fue tan sólo de un diputado y he aquí que hoy gobiernan los ‘populares’.
Nadie entonces se acordó de los 44.208 votantes de IU ni de los 20.561 de UPYD ni, por supuesto, los 12.799 votos a otras fuerzas políticas que se registraron en las elecciones autonómicas de 2011.
Y si, con 44.208 votos, no se consigue ni un diputado aunque tengas más del 12% de lo que consiguió quien venció, imagínense cuánto sube el listón si se reduce a la mitad el número de diputados.
La nueva norma tiene visos de aprobarse -aunque sea con los votos en solitario del PP- y, para ser francos, no sabemos si será exactamente un “pucherazo” pero sí que parece el método más efectivo para encallarnos en el “turnismo” eterno entre PP y PSOE y eliminar de una patada a todos los demás.
De aprobarse, la clave estará en qué provincia o provincias son impares y eso sí que será muy bien medido por quienes hagan finalmente el dibujo de la reforma.
