Las altas e inasumibles facturas que pagamos la ciudadanía y las empresas en España, como como consecuencia del deficitario marco regulatorio del sector eléctrico, necesita de medidas que tengan un efecto real en este sector y no solo parcial y puntual como las que el Gobierno está implementando últimamente, porque están quedando obsoletas ante el acelerado desbocamiento de los precios de la electricidad.
La escalada de precios de la luz a lo largo de 2021, acrecentados también en 2022, está alcanzando récords históricos. Este escenario, desconocido hasta ahora, esta tensionando a las familias y a las empresas en un momento clave para consolidar la recuperación económica tras la pandemia. Familias más vulnerables que ven casi imposible llegar a finales de mes por el incesante crecimiento del recibo de la luz y empresas que tienen que soportar unos altos costes energéticos lastrando su competitividad e incluso, en algunos casos, comprometiendo su futuro.
Ante esta tormenta, las compañías eléctricas en España ganaron más de 6.500 millones de euros en 2021. Porque este país, a pesar de su ‘liberalización’ en 1997, el sector continúa monopolizado por cuatro compañías que controlan todas sus actividades. Mientras que el Estado tiene que salir para aminorar los desmanes de un sistema caduco, ineficaz y desequilibrado.
Ante este escenario ¿hay soluciones a corto plazo? ¿Desde dónde se puede dar una respuesta al incesante crecimiento del precio de la luz? A mi entender, la financiación del alza de los costes eléctricos, su control y funcionamiento debe ser compartido por el Estado, incluyendo iniciativas públicas para adquirir instalaciones de generación.
Porque la pobreza energética, las dificultades que genera el coste de la luz en las empresas electrointensivas, la factura desorbitada e injustificada que pagamos consumidores y empresas, son suficiente motivo para modificar ese marco regulatorio en el UE.
En este sentido, el Gobierno de España, junto a los de otros países, proponen enmendar el art. 5 de la Directiva de la electricidad, para permitir a los Estados miembros la aplicación de los mecanismos de regulación diseñados en el ámbito de la Unión, a fin de garantizar que los consumidores pagan al final los precios que reflejan los costes en la combinación de la generación utilizada para abastecer su consumo.
España, además, puede ya aplicar medidas como subastas tecnológicas y potenciar la firma de contratos bilaterales a precios competitivos y a largo plazo, como ya hacen otros países.
El objetivo es evitar las variaciones de los precios que se vienen dando en el mercado mayorista desde 2021, lo que refleja la incongruencia del sistema marginalista actual.
Por todo ello, considero oportuno un replanteamiento del modelo energético en su conjunto, acelerando las energías limpias y diseñado una estrategia que minimice el impacto de las subidas del precio. Entre otras medidas, la modificación de la estructura y metodología del cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), con efectos directos en más de la mitad de las economías domésticas, sobre todo las más vulnerables. Otras medidas pasan por topes sobre el precio final de la luz o el gas; cheques para los hogares más pobres; rebajas fiscales o drenando parte del multimillonario beneficio cosechado por las eléctricas.
Es necesario que el precio de la electricidad se parezca mucho más al coste medio de generación y no al coste marginal. No basta solo dar estabilidad a los inversores, sino proteger a los consumidores y a las empresas de este país.
