El Presidente de la FEMP ha realizado unas declaraciones al respecto del proyecto de reforma de la Administración Local que no me resisto a puntualizarlas:
Dice sentirse satisfecho de haber frenado puntos clave del texto. No creo que se refiera al polémico “coste estándar” que, aunque es verdad que estuvieron en contra, lo único que trataron de hacer fue suavizarlo pero quien realmente lo frenó hasta hacerlo desaparecer fue el Consejo de Estado.
Vuelve a sacar a colación, como también lo hacen recurrentemente desde el Gobierno, el que más del 80% de los concejales no cobran retribución alguna. Y es verdad, pero quiero destacar que es verdad ya ahora, por lo que no es ningún mérito de la reforma que se pretende, al contrario, con ésta se aumenta el número de cargos que pueden retribuirse y el importe de las retribuciones. Si, si. Con la nueva regulación los costes de retribuciones de cargos electos, como mínimo, pueden duplicarse, y una simple comparativa entre la situación actual y la proyectada nos da este resultado.
Destaca nada menos que en la historia de la democracia no haya un avance tan importante como el que contempla esta ley con la que las grandes competencias que venían prestando los Ayuntamientos, sin que residieran en el ámbito local, van a pasar a depender de quien tiene que realizar esos servicios. Y una vez más, al igual que también sucede incomprensiblemente desde el Gobierno, el representante de los alcaldes confunde competencias con servicios, refiriéndose a educación, sanidad y servicios sociales, sin aclarar que los dos primeros no son ni una cosa ni la otra sino la asunción por los ayuntamientos de unos gastos que no les corresponden, como la limpieza, atención y vigilancia de centros escolares y de salud, cuando en realidad quienes deberían asumirlos son las Comunidades Autónomas, que son las competentes en la materia. Es como si yo alquilo un piso pero exijo al propietario que venga todos los días a barrérmelo. Y en cuanto a los servicios sociales, afirmar que es una competencia fuera del ámbito local es vivir fuera de ese ámbito, además de no oír no sólo a los profesionales del ramo sino a los propios alcaldes a los que representa. Y la aplicación de esta medida sí que va a ser polémica y dolorosa para muchas familias, porque las Comunidades Autónomas no están en condiciones financieras de asumir los gastos que están sufragando los Ayuntamientos, con lo que el recorte, e incluso desaparición, de estos servicios estará servido.
Resulta curioso que cuando se le pregunta por el ahorro de 8.000 millones que supuestamente va a suponer esta reforma no se cuestione cómo es posible que esa cifra se repitiera constantemente en los sucesivos borradores que se iban elaborando y por lo tanto el mismo ahorro se conseguía cuando las competencias municipales pasaban a las diputaciones mediante aquella fórmula del “coste estándar” que ahora que ha desaparecido del texto. ¿Será quizás porque realmente lo que se ha mantenido durante todos los borradores, incluido el aprobado finalmente por el Consejo de Ministros, es el desapoderamiento de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son el 95 % del total, y que van a quedarse con un nivel de competencias como el que tenían hace 35 años?. Cuando esto suceda habrá que ver la reacción de la FEMP, y a lo mejor hay que tirar de hemeroteca. Por eso creo que por el poco rigor del proyecto de ley, su concepción anacrónica del catálogo competencial de los ayuntamientos, su falta de regulación sobre financiación municipal y, en definitiva, el desconocimiento sobre el mundo local que desprende, quizás un elemental principio de prudencia aconsejaría al Presidente de la FEMP que no se colgara esta medalla.
