El Gobierno tiene que cumplir el compromiso asumido con Europa de reformar la Administración Pública cuyo déficit en su conjunto y hasta el primer semestre de 2013 asciende al 92,2% del PIB, suponiendo el 73% el de la Administración Central, el 18,9% el de las Comunidades Autónomas y el 4,2% el de la Administración Local. Ante esto lo que me descoloca es que la primera y única iniciativa legislativa que se está tramitando en el Congreso es la reforma de esta última, a pesar de ser la que menos deuda acumula.
El Gobierno justifica esta reforma en la clarificación de competencias, pero visto el texto parece más bien un clareo pues deja a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son el 95% del total, convertidos en un solar con la excusa de eliminar tanto las competencias duplicadas como las impropias bajo el principio de “una Administración una competencia”, el cual suscribiríamos todos si fuese verdad, pero debemos reconocer que España no es un país de ciudades sino de pueblos, y en la inmensa mayoría de ellos la única oficina pública que existe es la Casa Consistorial y los únicos servicios que se prestan son los que vienen desde el Ayuntamiento.
Pero el mismo día que inicia su trámite parlamentario el proyecto de reforma local se hace público el Plan Presupuestario elaborado por el Gobierno y remitido a Bruselas en el que se contempla una reducción del gasto hasta 2015 en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de más de 8.000 millones para cada una. Y la cuestión es la siguiente: si va a haber un traspaso de competencias de los Ayuntamientos a las Comunidades parecería lógico que la reducción del gasto en unos fuera acompañada de su aumento en las otras, en mayor o menor medida, pues si tienen que hacerse cargo de servicios que hasta ahora no prestaban y estaban siendo financiados por otros, es evidente que aumento debe haber, porque sino las cuentas no salen.
Pero según los cuadros económicos de ese Plan, en 2015 los Ayuntamientos experimentarán un ahorro debido al traspaso competencial de sanidad, educación y servicios sociales a las Comunidades Autónomas de 473 millones de euros, mientras que está prevista también una reducción en el gasto total de éstas por la prestación de servicios y suministros de 189 millones, con lo que esto no cuadra.
Por su parte, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho público un informe en el que constatan que en 2012 los Ayuntamientos invirtieron en sanidad, educación y servicios sociales 8.331 millones, mientras que en el Plan Presupuestario el Gobierno estima el impacto económico por el traspaso de estas competencias en un ahorro total de 837 millones, es decir, el 10%. Aquí también hay algo que no cuadra.
Desde mi punto de vista esto sólo tendría dos posibles explicaciones: o bien el Gobierno considera que las Comunidades Autónomas son mejores gestores que los Ayuntamientos, lo que no tiene base alguna, pues según los datos del Banco de España desde el año 2000 hasta el primer semestre de 2013 el déficit de aquellas con respecto al PIB creció en un 200% mientras que el de los Ayuntamientos lo hizo en un 35,5%; o bien se va a producir una supresión de servicios públicos. Y todo parece indicar que las cosas pueden ir por aquí. De hecho en ese Plan Presupuestario el Gobierno utiliza la expresión “supresión de servicios que no son de competencia local” al referirse a la eliminación de competencias impropias. ¿Lapsus, error de redacción o traición del subconsciente?. Esperemos que sus Señorías, en el trámite parlamentario del proyecto de reforma local, sean capaces de explicárnoslo.
