Asaja de Castilla-La Mancha ha denunciado que los grandes grupos de la industria del vino están presionando a los viticultores para que acepten unos precios por la uva que no cubren ni los costes de producción.
En un comunicado, la organización agraria ha recordado que el pasado 26 de febrero, el Boletín Oficial del Estado publicó un Real Decreto-Ley por el que se modificaron las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y se introdujo en los contratos alimentarios la obligatoriedad de reflejar el “precio con expresa indicación de todos los pagos”.
Estos contratos deberán contener además “indicación expresa de que el precio pactado entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de éstos y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción”, según la normativa cuyo objetivo es “evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones de la cadena”.
Sin embargo, Asaja cree que “la pasividad” del Gobierno nacional va a provocar la ruina de los agricultores, pues no existe un documento oficial que establezca los costes de producción y, por lo tanto,” está permitiendo que los dos grandes grupos industriales que operan en la región, Félix Solís y García Carrión” continúen ejerciendo su posición dominante “haciendo firmar a los viticultores una cláusula en los contratos que no se ajusta a la realidad”.
La organización agraria se ha referido al estudio de costes de la uva elaborado por varias universidades españolas en el que estaban trabajando desde la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y cuyos trámites burocráticos para que salga adelante se están retrasando por “los intereses de ciertos grupos que componen la Interprofesional”.
Asaja también ha pedido a la Consejería de Agricultura que se pronuncie y actúe para impedir que los viticultores castellano-manchegos vuelvan a “sufrir más abusos” en esta campaña de vendimia y ha hecho un llamamiento a sus socios para que informen de los contratos que consideren que no reflejan en el precio los costes de producción.
