La organización agraria UPA de Castilla-La Mancha ha pedido hoy al Gobierno regional que recurra la toma en consideración del Consejo de Ministros de obras para acondicionar pozos de sequía en Hellín (Albacete) que considera un "trasvase" encubierto de la cabecera del Segura para riego en Murcia.
En una nota de prensa, UPA de Castilla-La Mancha ha exigido al Ejecutivo autonómico que presente "un recurso inmediato" ante la decisión del Consejo de Ministros "de tomar en consideración la actuación de emergencia para el acondicionamiento, puesta en marcha y explotación de un conjunto de baterías estratégicas de sondeos en Hellín y en El Molar por un importe máximo de 3.100.000 euros".
Según UPA, esta decisión "atenta directamente contra los intereses del sector agroalimentario de la región", con el agravante de que "no se toman en cuenta las opiniones de los interesados ni a la Administración regional".
Asimismo, ha señalado que a falta de disponer de la información completa de todo el expediente de la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes, UPA entiende "que supone un nuevo trasvase de recursos hídricos del Sureste de Albacete, en concreto en el término municipal de Hellín, que afectaría a los acuíferos Mingogil-Villarones y El Molar".
En el acuífero de El Molar, cuya superficie pertenece en un 70 % al término de Hellín, "sería el tercer año de trasvase", ha apuntado la organización agraria castellano-manchega.
Al respecto, ha concretado que se trasvasaron 15 hectómetros cúbicos en el año hidrológico 2015/2016 y 15 en el año hidrológico 2016/2017 con destino a las comunidades de regantes de Mazarrón, Águilas, Puerto Lumbreras y Pulpí, "aprovechándose de un decreto de sequía".
Y ha criticado que de un acuífero declarado sobreexplotado (en mal estado cuantitativo), con una capacidad de recarga anual de 11,03 hectómetros cúbicos anuales "se han extraído 29,05 hectómetros cúbicos al año (14,05 hm3/año de consumos habituales más 15 hm3/año del decreto sequía), es decir "casi tres veces su volumen de recarga", ha advertido UPA.
En este sentido, ha cuestionado las actuaciones en materia hídrica del Gobierno central "pues volverán a extraer los recursos adicionales poniendo en riesgo la recuperación del acuífero prevista por el plan de cuenca para 2027, poniendo en riesgo los acuíferos limítrofes y la actividad económica de la comarca".
Asimismo, UPA ha recordado que "ya se ejecutó esta obra sin pasar el trámite de informe de evaluación de impacto ambiental", como denunció en su día la organización agraria, y que "parece repetirse de nuevo, sin que se tomen en consideración los intereses ni el punto de vista de la sociedad castellanomanchega".
También sospecha que el Gobierno de España no ha cumplido con los requisitos de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental para excluir actuaciones de este trámite.
Hay una serie de cuestiones "que hacen dudar de la legalidad del proyecto", ha considerado UPA, que en cambio tiene la seguridad de que "afectará de manera drástica a los intereses de los regantes castellano-manchegos, a quienes se les ha denegado el recurso sistemáticamente".
