El Ministerio de Sanidad ha actualizado la cifra de fallecidos con coronavirus que permanecía congelada desde hace 12 días con otras 1.177 muertes más, con lo que el total asciende a 28.313 desde el inicio de la pandemia.
Lo ha hecho después de que las comunidades hayan validado los datos de los casos de forma individualizada a falta de incluir el número de defunciones producidas en las últimas 24 horas, que el Ministerio proporcionará en la tarde de este viernes, ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
"Intención de ocultar muertos no ha habido nunca, en ningún momento. Sí que ha podido haber errores", ha reconocido el epidemiólogo en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, convocada para dar la actualización de la cifra de víctimas mortales con coronavirus en España que llevaba congelada casi dos semanas.
Simón ha detallado el número de defunciones diarias de los últimos 14 días, que no han proporcionado antes porque estaban a la espera de la validación de las comunidades; hasta el pasado 11 de mayo, daban sus datos de manera agregada ante el gran volumen de las cifras, pero ahora, pasado lo peor, pueden ubicar a los fallecidos en sus series por la fecha de defunción y no de notificación.
Así, el pasado 4 de junio murieron con coronavirus 33 enfermos; al día siguiente, 15 y 19 el día 6, aunque aumentaron a 23 el día 10 y bajaron a 11 el 16; desde esta fecha, han sido inferiores a la decena, con 9 el pasado viernes 12 de junio; 6 el sábado; 8 el domingo; 15 el lunes; 5 el martes y 2 el miércoles.
Estas cifras solo se refieren, como hasta ahora, a las personas que han perdido la vida con un diagnóstico positivo de coronavirus confirmado mediante PCR, y no está desglosada por el lugar de fallecimiento. Y aunque en Sanidad asumen "que fallecen por coronavirus, algunos, pocos casos, pueden fallecer por otras causas".
Por este motivo no coincide con la resultante de sumar los globales que facilitan por su lado las comunidades, y que rondaría las 40.000; y es que algunas incluyen en sus propios balances las personas que han muerto con síntomas compatibles pero no confirmados o los sospechosos.
La cifra desde este viernes oficial supondría el 65 % del incremento de la sobremortalidad detectado por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) hasta el pasado 22 de mayo, que asciende a 43.340.
Este sistema, ha recordado Simón, hace referencia a la mortalidad por todas las causas, con lo que faltaría por determinar el motivo de defunción de unas 15.000 personas; en su opinión, el porcentaje de las que la causa de la muerte estará directamente relacionada con el coronavirus no va a ser "nada desdeñable", pero no se ha aventurado a calcularlo.
"Sí que está claro que directamente, sea porque la infección haya podido afectar a la salud, o ya sea indirectamente porque la epidemia ha hecho que algunas personas no vayan a hospitales, sea como causa inicial primaria o como causa subyacente o contribuyente secundaria, el coronavirus ha podido participar en ese exceso de mortandad. Está en el aire la sospecha de que tiene algo que ver directa o indirectamente, eso está claro", ha insistido.
Preguntado por si el exceso de mortalidad de 15.000 personas podría corresponderse con la muerte de ancianos en residencias, Simón ha insistido en que no dispone aún de los certificados de defunción, pero ha indicado que la distribución por grupo de edad es equivalente a la habitual. En España, el 98 % de los fallecidos tiene más de 65 años.
Fuentes de su departamento apuntan que es un proceso que puede prolongarse hasta un año, con lo que no será hasta la vuelta del verano o finales de 2020 cuando se pueda identificar la causa de la muerte de estas personas.
EL SISTEMA ESTUVO AL BORDE DEL COLAPSO
De otro lado, Sanidad reconoce que el sistema sanitario español estuvo al borde del colapso en la segunda semana de abril, cuando más de 40.000 personas estaban hospitalizadas por coronavirus, 5.500 de ellas en las unidades de cuidados intensivos.
Así lo han indicado fuentes del Ministerio de Sanidad que han hecho hincapié en que "el altísimo riesgo de colapso del sistema", cuando más de la mitad de los pacientes ingresados lo eran por coronavirus, fue uno de los principales motivos para decidir la restricción de la libertad de movimiento de los ciudadanos, establecida en el decreto de alarma.
Hubo un momento en el que Sanidad verificó que, si no se tomaban medidas, el sistema sanitario no tendría capacidad para atender a todos los pacientes ingresados, especialmente en ucis, donde los enfermos de coronavirus han permanecido una media de 20 días ingresados durante la pandemia.
A día de hoy, han indicado las fuentes, el total de ingresados en hospitales por coronavirus asciende a 1.682 pacientes y el de ingresados en ucis, donde llegó a haber más de 5.500 pacientes de COVID, a 312.
El riesgo de colapso fue especialmente importante en Barcelona y, sobre todo, en Madrid, aunque las fuentes han explicado que no llegó a ser necesario poner en marcha el mecanismo "masivo" para traslado de pacientes que Sanidad había preparado.
Hubo traslados "muy puntuales" han indicado las fuentes de pacientes de Soria a hospitales de Navarra y la Rioja, pero no superaron la docena de casos.
34 BROTES EN EL ÚLTIMO MES Y MEDIO
Por otra parte, el ministro de Sanidad, ha asegurado que los nueve brotes de coronavirus que permanecen activos en este momento en España y que afectan a 82 personas están "bajo control".
Durante la comparecencia, Illa ha añadido que en el último mes y medio se han detectado y controlado un total de 34 brotes, que han afectado a 982 personas y que han sido controlados.
El sistema de vigilancia, ha añadido, ha permitido detectar adecuadamente estos brotes y "actuar con contundencia y prontitud para controlarlos y darlos por superados".
Los 34 brotes detectados en el último mes y medio son de diferentes ámbitos, según fuentes de Sanidad. Nueve de ellos están asociados a mataderos, hay algunos asociados a temporeros agrícolas que fueron contagiados en Francia o se han trasladado entre provincias y algunos a trabajadores de empresas españolas que tenían relación con Lisboa, donde hubo un reciente brote de COVID.
Asimismo, hubo uno en una granja de visones en Teruel y alguno asociado a fiestas o al ámbito sanitario, según las fuentes, que recalcan que la capacidad de detección y control de la enfermedad en este momento hace muy difícil que se produzca transmisión comunitaria.
Salvador Illa y Fernando Simón han precisado en la rueda de prensa la definición de brote, que se considera así cuando se detectan tres casos o más entre la población y uno cuando se trata de un solo interno de una residencia.
Simón ha reconocido que la precariedad laboral puede favorecer un mal uso de equipos de protección, pero ha incidido en que estos trabajadores, temporeros y trabajadores de empresas cárnicas, son un grupo social que suele convivir fuera del trabajo y en una situación muy precaria.
"Actuar con responsabilidad en esta fase es la clave",a ha indicado el ministro de Sanidad quien ha confiado en la capacidad de las comunidades autónomas para detectar y controlar los brotes que puedan aparecer en la denominada nueva normalidad.
"Creo que podemos tener cierta garantía de que podemos prevenir mucho, detectar casi todo y controlar también casi todo, lo cual no quiere decir que bajemos la guardia a ninguno de los niveles", ha subrayado.
El Ministerio de Sanidad está diseñando con las comunidades autónomas un documento en el que se establecerán los pasos a dar ante nuevos brotes de coronavirus en función de su ámbito y su intensidad.
Así lo han indicado fuentes del Ministerio, que han añadido que el texto estará listo "en los próximos días", una vez que finalice el domingo el estado de alarma por la pandemia de COVID-19.
En el documento se están recogiendo apartados de otras normas dictadas ya para hacer frente a la pandemia, según las fuentes, y su finalidad es detectar de forma precoz cualquier nuevo brote que se pueda producir.
El texto contendrá así indicaciones a nivel local, provincial, autonómico y nacional, según sea la situación que se detecte, reservará las medidas de más impacto para los brotes más grandes e incluirá aspectos concretos de la gestión de brotes locales.
Las fuentes han recordado que las comunidades tienen margen de actuación en el marco de la ley de Salud Pública para hacer confinamientos quirúrgicos, como se hizo en Conca de Òdena (Barcelona) o en Adeje (Tenerife).
Según estas fuentes, el modelo de actuación puede ser el confinamiento de los contagiados en un hotel o "incluso más quirúrgico y limitado".
CONTROLES A VIAJEROS QUE LLEGUEN
En otro orden, los viajeros tendrán que pasar un triple control sanitario al llegar a España, que incluye rellenar un documento en el que declaren si han pasado el coronavirus y dónde localizarlos, un control de temperatura y una inspección visual.
El control, que comenzará a aplicarse este domingo en puertos y aeropuertos, lo efectuará el personal de sanidad exterior -integrado por alrededor de 540 profesionales, de los que 150 son médicos y enfermeras- que se ha reforzado con un centenar de personas.
Así lo ha indicado el ministro de Sanidad, que ha hecho hincapié en que, desde este domingo, habrá un número suficiente de efectivos para "someter a todos y cada uno de los viajeros" a esos tres controles primarios.
El primer control será un documento que deberá rellenar el viajero con datos para su localización e información "sobre si ha pasado o no por la epidemia y en qué condiciones", ha dicho Illa.
Además, habrá un segundo control de la temperatura del viajero, y un control visual.
Si uno de estos tres controles primarios no es superado, ha continuado Illa, el viajero será examinado por un médico.
Sanidad espera que no se registren problemas con los turistas y que estos accedan a someterse a las pruebas PCR, si son necesarias, aunque fuentes del departamento han advertido de que si alguno se resiste "irá directo al juzgado", según el protocolo diseñado al respecto.
VACUNA PARA PRINCIPIOS DE 2021
Por último y de otro lado, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias calcula que la vacuna contra el coronavirus estará disponible "más a principios del próximo año que a finales de este".
Simón ha recordado que la puesta en el mercado de una vacuna requiere de una serie de trámites administrativos y de verificaciones, ya que se aplican a personas sanas, con lo que hay que actuar con mucha seguridad y el proceso "puede llevar hasta 8 años o 10 años ".
Pero, ha subrayado que "en casos como este, en el que no hay ni tratamiento ni vacuna, los procesos administrativos se pueden aligerar y se están aligerando".
Ha especificado que los procesos de investigación tienen cuatro fases por lo general, pero algunas de ellas se pueden juntar y ha detallado que, cuando una vacuna demuestra eficacia, hay que producirla en cantidad suficiente y eso "depende de la rentabilidad".
"No es lo mismo que se use para mil personas que para mil millones y los mecanismos de producción también varían", ha incidido Simón, al recordar que en la actualidad hay 300 vacunas en estudio, en las que trabajan "muchos consorcios a nivel internacional muy potentes".
Simón ha anunciado que en España se empezará a usar la primera vacuna que este disponible en el mercado, "lo que no quiere decir que terminemos con esa", ya que habrá que ver cual es la que da mejores resultados cuando estén disponibles.
El Ministerio de Sanidad ha informado este viernes de que España formará parte del equipo negociador de la Unión Europea para la compra anticipada de vacunas, junto a Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Polonia e Italia.
La UE ha impulsado una alianza que pretende facilitar el desarrollo y acceso a las dosis necesarias de vacunas seguras y eficaces en el menor tiempo posible, tanto en países de la UE como en terceros, ha indicado Sanidad en un comunicado.
Un Comité de Dirección -del que formará parte la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas- tomará las decisiones de cada proceso de compra anticipada, monitorizará el desarrollo de las vacunas y garantizará la transparencia y buena gobernanza del proceso de adquisición y distribución de acuerdo a un marco regulatorio claro.
Ese Comité tendrá un equipo negociador que ejercerá de interlocutor único ante las diferentes empresas que están desarrollando candidatos a vacuna contra la COVID-19 y en él estará el jefe del departamento de medicamentos de uso humano de la AEMPS, César Hernández.
