El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha considerado que "no es el momento adecuado" para poner para poner en funcionamiento la oficina judicial en los órganos colegiados de la comunidad autónoma.
En una declaración institucional, el TSJCM ha expuesto sus reparos ante la implantación de la nueva oficina judicial para órganos judiciales colegiados en la región, y señala que "no es el momento adecuado" para ponerlas en funcionamientos, pese a que sí se dé respaldo a "un modelo de oficina judicial moderna, auténticamente dependiente de los jueces y los tribunales".
Asimismo, ha aclarado que declaración institucional se ha hecho después de que la sala de gobierno del TSJCM asumiera, en una reunión que se celebró el pasado 22 de marzo, otra declaración de los magistrados de la Audiencia Provincial de Ciudad Real "en la que mostraban su rechazo a la implantación de la oficina judicial en dicha Audiencia Provincial".
Los magistrados ciudadrealeños expresaban también su parecer de que por parte del Ministerio de Justicia "debía posponerse toda medida encaminada a ello".
Posteriormente, a este acuerdo de la sala de gobierno del TSJCM se han sumado los magistrados de la Audiencia Provincial de Guadalajara en un acuerdo que adoptaron ayer, 16 de abril.
Además, la sala de gobierno del TSJCM ha considerado al hacer la declaración la posibilidad de que se implante la oficina judicial en Albacete, con ocasión de la puesta en servicio del nuevo edificio judicial, tanto en los órganos del Alto Tribunal como en el de la Audiencia provincial albaceteña, "haciéndose eco del sentir de los magistrados".
En atención a estas consideraciones, en la declaración se apunta que no es el momento para implantar la oficina judicial en los órganos colegiados de Castilla-La Mancha, ya que el funcionamiento de las oficinas de dichos órganos colegiados judiciales según el modelo actual "es en términos generales razonable".
Los mayores problemas existentes en dichos tribunales "no son derivados de dicho funcionamiento sino en algunos casos de las cargas de trabajo que deben asumir los magistrados", precisando algunos "refuerzos y en su caso ampliaciones de plantilla".
También entienden que "al haber sedes separadas de los juzgados y de las audiencias y el Tribunal Superior de Justicia, no resulta conveniente trasladar los efectivos de la oficina judicial de los órganos colegiados a otra sede diferente, pues ello perjudicará considerablemente el control y adecuada tramitación de los procedimientos judiciales de los que deben conocer".
Esa circunstancia se traducirá "en dilación y menor eficacia del servicio público en perjuicio de los ciudadanos".
Considera la sala de gobierno del TSJCM que "antes de proceder al despliegue de la oficina judicial en los órganos colegiados resulta imprescindible consolidar el funcionamiento correcto y eficaz de los servicios comunes allí donde se han establecido".
Al respecto, añade que "la experiencia de la implantación de la nueva oficina judicial en los órganos unipersonales de Ciudad Real, e incluso Cuenca, así lo aconseja, pues su funcionamiento está poniendo de manifiesto numerosos problemas de organización, de personal, mal funcionamiento de los sistemas informáticos, etc".
Esto "se ha traducido en una mayor burocratización, necesidad de más personal y mayores tiempos de respuesta, lo que repercute negativamente en el servicio público que se presta, siendo así que estos problemas no están ni muchos menos solventados satisfactoriamente", se advierte en la declaración.
A ello se suman "los problemas existentes en la implantación del expediente judicial electrónico, con numerosas deficiencias en su funcionamiento, que están afectando al trabajo diario de jueces y magistrados, así como del personal de las oficinas judiciales".
Y concluyen que "es necesario solventar dichas deficiencias para que el expediente judicial electrónico cumpla su verdadero objetivo como herramienta de una Justicia del siglo XXI adaptada a las nuevas tecnologías".
La declaración institucional de la sala de gobierno del TSJCM con concluye con su "firme convicción y creencia en un modelo de oficina judicial moderna, auténticamente dependiente de los jueces y tribunales, e instrumentalmente subordinada al servicio de su función constitucional en un Estado democrático de derecho".
