El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de Castilla-La Mancha de 2017, en el que la comunidad autónoma incumplió el objetivo de déficit y la regla de gasto, aunque cumplió con el objetivo de deuda, que se situó al cierre del ejercicio en 14.430 millones de euros.
En una nota de prensa enviada este miércoles, el Tribunal de Cuentas señala que Castilla-La Mancha incumplió el objetivo de déficit en 2017, al acabar el año con el 0,71 % del PIB en lugar del 0,06 % previsto, debido entre otras cuestiones, a los incrementos de las retribuciones de personal, que supusieron 75,5 millones de euros.
Asimismo, el informe del Tribunal de Cuentas determina que Castilla-La Mancha incumplió la regla de gasto, que tuvo una tasa de variación del 3 % frente al 2,1 % que se había establecido, aunque si cumplió con el objetivo de deuda, que al cierre del ejercicio se situó en 14.430.000 euros, que representaban el 36 % del PIB regional, superior en más de 10 puntos a la media de las comunidades autónomas, que era del 24,7 %.
Entre las conclusiones del informe figura que la cuenta general de Castilla-La Mancha y de las entidades que integran el sector público autonómico o que están mayoritariamente participadas por la comunidad autónoma "se han rendido, en general, respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido".
Sin embargo, advierte que el ente público Radio Televisión de Castilla-La Mancha y la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha deberían de haber presentado sus cuentas "de acuerdo con los principios y normas de contabilidad pública".
A su vez, las cuentas anuales de la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca fueron reformuladas, por lo que se presentaron fuera de plazo y no se incluyeron en el informe de auditoría, mientras que también se presentaron fuera de plazo las cuentas de los parques arqueológicos de Alarcos y Carranque, que fueron formuladas conforme el plan general de contabilidad privada, en contra de lo que estipulan sus estatutos.
El Tribunal de Cuentas apunta también que produjeron actos de convalidación por el Consejo de Gobierno, por omisión del trámite de fiscalización previa en actos de contenido económico, por valor según concluye la fiscalización de 8 millones de euros.
Entre estos destacan gastos por 2,2 millones de euros derivados de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones realizadas con anterioridad al año 2017 que no estaban contabilizados en la cuenta de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto al cierre de 2016.
Además, durante 2017 se reconocieron, en el presupuesto de este año, obligaciones por valor de 22 millones de euros por gastos derivados de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones que se realizaron en años anteriores.
De ellos, 690.000 euros no contaban con crédito disponible en el ejercicio de procedencia y 9 millones se habrían imputado al presupuesto de 2017, "sin que se conozca el procedimiento utilizado para ello y su debido amparo en las excepciones" contempladas en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha (TRLHCLM).Por otra parte, en el informe se indica que en general las cuentas de la Administración General de la Junta de Comunidades y de los entes sujetos a contabilidad pública se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad y que la gestión presupuestaria se desarrolló según las normas que la rigen.
Pero incluye, entre otras salvedades que en el inicio del ejercicio 2017 existían deudores presupuestarios pendientes de cobro procedentes de ejercicios anteriores con antigüedad superior a cuatro ejercicios (plazo de prescripción establecido) por importe de 65.423.000 euros.
Así, al cierre de 2017 el importe total de los deudores presupuestarios susceptibles de haber prescrito ascendía a 93.974.000 euros (el 17 % procedente de la venta de viviendas públicas), según el informe del Tribunal de Cuentas, que observa la existencia de derechos pendientes con antigüedad superior a diez años por importe de 15.765.000 euros y que permanecen contabilizados.También apunta que la Junta no utilizó las cuentas previstas en el Plan de Contabilidad Pública regional para registrar en balance el importe de las deudas aplazadas y fraccionadas pendientes de vencimiento, lo que incide sobre el total de deudores reflejados en balance y que "tampoco separa contablemente los saldos deudores de presupuestos cerrados, quedando las operaciones sobre estos registradas en la cuenta destinada a deudores de presupuesto corriente".
