Los sindicatos protestarán contra la decisión de retirar vigilantes de 15 cárceles

El Ministerio del Interior destina desde el pasado 1 de enero a 240 policías y guardias civiles a la custodia de quince prisiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura
Denuncian la agresión a un funcionario de la cárcel de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
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Los sindicatos UGT, CCOO y USO han convocado concentraciones para el próximo día 14 en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura contra la decisión del Gobierno de sustituir a vigilantes de seguridad por policías y guardias civiles en cárceles de esas regiones, tras quedar desierto el concurso correspondiente.

El Ministerio del Interior destina desde el pasado 1 de enero a 240 policías y guardias civiles a la custodia de quince prisiones de esas tres comunidades autónomas, después de que la empresa Ombuds acabara el día 31 de diciembre el contrato y ninguna firma se presentase al concurso que ofertaba encargarse de la seguridad en esas cárceles.

Fuentes sindicales explicaron en ese momento que el Ministerio del Interior ordenó a Ombuds que se retirase de las prisiones e inició un nuevo expediente para sacar a concurso la seguridad en esos quince centros, que espera adjudicar a finales de enero.

Los sindicatos mayoritarios en el sector de la seguridad privada -UGT, CCOO y USO- critican en un comunicado la decisión de Interior porque consideran que para garantizar plenamente la continuidad del empleo de los vigilantes debería prologar el contrato de Ombuds mes a mes, hasta la nueva adjudicación.

Por eso convocan concentraciones el día 14 a mediodía en Madrid, frente al Ministerio del Interior, en Ciudad Real frente a la Subdelegación del Gobierno, y en Badajoz frente a la Delegación.

En un comunicado los sindicatos precisan que esta petición fue aceptada inicialmente por Interior pero luego rechazada, y aseguran que el concurso de acreedores presentado por Ombuds el pasado mes de junio se debe "a una mala gestión de la empresa en convivencia con la propia administración pública, que sigue admitiendo precios en sus contratos que ni tan siquiera recogen en numerosas ocasiones los costes salariales mínimos recogidos en convenio".

"El Gobierno sigue desatendiendo temas prioritarios para la seguridad privada en nuestro país, como puede ser el Reglamento, La propia sentencia sobre subrogación y las continuas agresiones sufridas por los vigilantes en el desempeño de sus funciones, así como ahora tomado decisiones trasnochadas sobre el tema de prisiones", sostienen las centrales sindicales.

Por eso prevén seguir manteniendo conversaciones al respecto con clientes de seguridad e instituciones "así como manteniendo la presión en la calle para que la situación de Ombuds revierta en las mayores garantías de empleo para el personal afectado".

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