El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tendrá la semana que viene contactos con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ni con dirigentes de otros partidos políticos, sino que mantendrá nuevos encuentros con colectivos sociales para preparar un programa político sobre el que negociar un futuro gobierno y evitar las elecciones.
La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ha explicado que el presidente "tiene muy claro que quiere consolidar un 'corpus' de proyecto político programático" sobre el que buscar apoyos para un Gobierno "con una única dirección política" y "fuerte".
Ha zanjado una vez más la posibilidad de un Ejecutivo de coalición con Podemos y ha negado que la única alternativa sea la convocatoria electoral. "Es un falso dilema. Hay muchas fórmulas además del Gobierno de coalición que merece la pena explorar", ha dicho la portavoz.
Eso sí, en línea con la posición fijada esta semana por la vicepresidenta Carmen Calvo tras recibir la última oferta negociadora de Podemos, la portavoz ha afirmado que "el Gobierno considera que no hay posibilidades para un gobierno de coalición", como puso en evidencia, a su juicio, la negociación previa a la investidura fallida de Pedro Sánchez en julio pasado.
"Hay suficiente desconfianza como para que no resulte transitable esa opción, pero hay otras opciones en las que sí queremos acercar posiciones, y es la del programa", entendido como un "compromiso claro" de acción del Gobierno que dé lugar a una legislación concreta, con sus respectivos plazos de desarrollo y financiación, ha explicado.
SÁNCHEZ MARCA LOS TIEMPOS
Celaá ha remarcado que Sánchez, como líder de la fuerza que más respaldo obtuvo en las elecciones del pasado 28 de abril, es quien "marca los tiempos" de la negociación para la formación de gobierno.
Así, ha justificado en el deseo del presidente de poder presentar al resto de fuerzas políticas un proyecto de gobierno enriquecido con las demandas de colectivos sociales su decisión de aplazar a septiembre los contactos con los partidos, que son al fin y al cabo quienes tienen que votar en la investidura.
NO PRECISA QUÉ COLECTIVOS SOCIALES
Celaá no ha podido precisar cuáles serán esos colectivos sociales a los que verá el presidente. Se espera que sea el PSOE quien los concrete y anuncie.
Sánchez prevé tener listo para finales de agosto ese programa de gobierno, que presentará en público, y sólo después empezará una nueva ronda con las fuerzas políticas.
El Ejecutivo, ha incidido Celaá, está convencido de que existen "más opciones" sobre la mesa que las de un Gobierno de coalición y ve espacio para "explorar" otras alternativas que permitan a España tener un nuevo Gobierno en septiembre.
A juicio del Gobierno, "aún hay tiempo" para evitar la repetición electoral, algo que no está sólo en la mano del PSOE, sino también en el resto de partidos, ha recordado la portavoz.
"El tiempo corre para todos", ha avisado, invitando a las formaciones a que cada una reflexione sobre cuáles son los escenarios que se abren y las posibilidades que tienen en su mano para decantar la situación hacia un lado u otro. El PSOE, ha recordado, se abstuvo en 2016 para evitar la repetición electoral.
PLAN EXTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
En otro orden de asuntos, el Consejo de Ministros ha acordado este viernes dar el primer paso para recurrir el Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña por entender que excede las competencias de las autonomías en esta materia e incumple por tanto la Constitución: "Ofrece una proyección de Cataluña como Estado".
Así ha resumido el Plan la ministra portavoz en funciones. En concreto, el Gobierno va a presentar un requerimiento de incompetencia, un paso por el que el Ejecutivo reclama a la Generalitat que modifique, derogue o retire la iniciativa. Si en un mes el Govern independentista de Quim Torra no rectifica, el Gobierno de la Nación podrá presentar conflicto ante el Tribunal Constitucional.
El Gabinete de Pedro Sánchez tenía dos meses para dar este paso y ha tomado la decisión al filo del plazo, ya que el Plan fue publicado por la Generalitat el pasado 27 de junio.
"UNA OPORTUNIDAD" PARA EVITAR EL CONFLICTO
El ministro de Política Territorial, Luis Planas, ha explicado en la misma rueda de prensa que el Gobierno quiere "dar una oportunidad" a la Generalitat para evitar el conflicto en el Tribunal Constitucional y ha censurado el contenido de la iniciativa catalana. "Efectuamos este requerimiento para restaurar la legalidad constitucional", ha añadido.
El Plan aprobado incluye "una ficción de Estado que no se corresponde con la realidad", porque no se presenta a Cataluña en ningún momento como la comunidad autónoma que es y se omite cualquier referencia a la política y a la legislación española, según el Gobierno.
PLAN EN INGLÉS, EXPRESIONES EQUÍVOCAS Y USO RETORCIDO DEL LENGUAJE
Planas ha precisado que el documento fue publicado en catalán y en inglés con expresiones "equívocas" y un "uso retorcido del lenguaje". Se califica a los consejeros de ministros y a Cataluña, de "país" y "actor reconocido en todo el mundo", según la expresión empleada en inglés. Se concede a Cataluña relaciones diplomáticas y consulares y otras capacidades que la Constitución reconoce en exclusiva al Estado.
El Gobierno ha explicado que las autonomías pueden elaborar planes estratégicos, pero siempre recogiendo los principios de la Ley de Acción Exterior y aludiendo a ella. En el caso catalán, ni se menciona, como tampoco otras normas, tratados o acuerdos internacionales ni cualquier referencia a la coordinación con la política exterior española.
ACTUACIÓN SOBRE EL OPEN ARMS
En otro orden de asuntos, el Gobierno ha defendido que no han dado "bandazos" en la gestión de la crisis humanitaria del buque de la ONG Proactiva Open Arms, que permaneció a la deriva durante 19 días con más de un centenar de migrantes rescatados del mar a bordo, hasta que el pasado 20 de agosto, la Fiscalía italiana ordenara su desembarco en Lampedusa.
"Podemos decir con toda garantía que aquí no ha habido bandazos, lo mismo que tratamos de hacer con el Aquarius --que llegó hace un año al puerto de Valencia con 629 migrantes a bordo--, hemos tratado de hacerlo con el Open Arms", ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones.
Así ha respondido a las críticas de PP y Ciudadanos que el pasado miércoles registraron en el Congreso un escrito solicitando la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que quieren que comparezca el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para que explique sus "cambios de opinión" en torno a la crisis del barco Open Arms, unos giros que han tachado de "bandazos".
Ante el bloqueo de los puertos italianos, España decidió el pasado martes enviar a Lampedusa el buque de la Armada Española Audaz para recoger a los migrantes del Open Arms. El barco español ha fondeado este viernes frente a la costa de Lampedusa.
En cuanto al reparto, la ministra ha indicado que España acogerá a 15 de los migrantes del Open Arms, tal y como ya avanzó este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Si bien, desconoce el número de migrantes que acogerá el resto de países que se han ofrecido para el reparto: Portugal, Francia, Alemania y Luxemburgo.
Isabel Celaá ha reconocido que han sido unos días de "angustia" hasta que se ha resuelto la crisis humanitaria que considera "fruto de la gran discrepancia, más que con el Gobierno de Italia, concretamente con el ministro del Interior, Matteo Salvini".
Finalmente, la portavoz ha subrayado los dos objetivos principales del Gobierno, ahora en funciones: "la salvaguarda y seguridad de los náufragos y de los migrantes en general y buscar una solución europea, con financiación estable y un mecanismo estable".
