El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto ley que regula por primera vez el trabajo a distancia en España, que tendrá carácter voluntario y reversible y conllevará que la empresa compense una serie de gastos.
"Se preservan los derechos fundamentales", ha destacado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha situado la aprobación de esta norma, acordada con patronal y sindicatos, como el punto de partida de "una ola de reformas" para un mercado laboral del siglo XXI.
El texto, fruto de extensas negociaciones, no se aplicará al trabajo a distancia desplegado con motivo del COVID-19 a excepción del tema de los medios necesarios.
Así, se obliga a las empresas a dotar de medios, equipos y herramientas, así como a su mantenimiento y deja a la negociación colectiva, sin establecer en este caso obligación, compensar o no los gastos y cómo hacerlo.
"En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados", dice el texto.
Para el teletrabajo no vinculado a esta situación, la norma fija la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia más del 30 % de la jornada semanal durante un periodo de tres meses y aquí sí la obligación del empresario de pagar los gastos en los que pueda incurrir el empleado.
También que el trabajo a distancia será voluntario y reversible tanto para la persona trabajadora como para la empresa, y no supondrá un menoscabo en los derechos de quienes lo realicen respecto al resto de trabajadores en condiciones como la retribución, la estabilidad en el empleo, el tiempo de trabajo, la formación y la promoción profesional.
Y, según ha señalado Díaz, no podrá usarse la falta de adaptación a este modelo como causa de despido objetivo, el de menor indemnización.
"La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia (...) no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo", recoge en un comunicado Trabajo.
También se regula en el real decreto ley -que se quiere tramitar como proyecto de ley según señalan fuentes parlamentarias- el derecho a la desconexión digital o la protección de datos. Durante el teletrabajo también se debe seguir registrando la jornada.
En cuanto a los plazos de adaptación, uno de los puntos de discrepancia entre las partes, las empresas deberán recoger la ley en un convenio o acuerdo colectivo en un plazo de un año desde su publicación en el BOE o en un máximo de tres años, en caso de así acordarlo con los representantes de los trabajadores.
La norma entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE.
Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha calificado este martes el acuerdo de "positivo"; mientras que el líder de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su satisfacción por lograr pactar una legislación "avanzada", que "aborda la realidad que ha venido para quedarse".
Las patronales CEOE y Cepyme han confiado en que la norma "permitirá avanzar de forma ordenada en esta modalidad, especialmente una vez se supere la excepcional coyuntura en la que nos encontramos con motivo del COVID-19".
El Gobierno también ha aprobado este martes la prorroga del programa MeCuida hasta el 31 de enero de 2021.
Este programa permite adaptar o reducir jornada, con la consiguiente merma de salario, para el cuidado de menores o dependientes durante la pandemia.
CONTARÁ CON EL APOYO DE PP Y CS EN EL CONGRESO
Por otra parte, este nuevo decreto ley que regula el teletrabajo contará con el apoyo del PP y de Ciudadanos para su convalidación en el Pleno del Congreso de los Diputados y la mayoría de partidos considera que la norma es positiva, aunque JxCAT se queja de falta de negociación política y EH Bildu señala que se queda "muy corta".
Algunas formaciones políticas ya han anunciado que introducirán cambios porque el decreto deja abiertos temas como el derecho a recibir una compensación por los gastos que conlleve el teletrabajo, que se deja en manos de la negociación colectiva.
No obstante, fuentes de Ciudadanos han señalado a EFE que apoyarán su convalidación cuando llegue al Congreso porque ha recibido el aval de los agentes sociales y consideran que el teletrabajo debe ser "palanca para avanzar hacia un mercado laboral más respetuoso con el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todos los trabajadores".
"Nos alegramos también que se hayan podido moderar durante este tiempo de negociaciones posturas más extremistas por otras más sensatas", han señalado las mismas fuentes, tras avisar de que también intentarán cambiar parte de la norma durante su tramitación.
La portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra, ha incidido a EFE que también apoyará la convalidación toda vez que los populares fueron los que regularon "por primera vez el teletrabajo o trabajo a distancia con la entrada en vigor de la reforma laboral del 2012".
Recuerda que el presidente del PP, Pablo Casado, ya propuso en mayo su regulación para asegurar empleos y evitar despidos.
El diputado de JxCAT Genís Boadella ha valorado que la ley se haya consensuado con patronal y sindicatos, pero ha criticado que el Gobierno no haya contado con el acuerdo de los partidos políticos, ya que la norma "viene tras seis meses desde que comenzó el estado de alarma".
"Los partidos políticos representamos personas, territorios y sectores. También tenemos opinión sobre estos temas y, a pesar de las buenas palabras, el gobierno, en todos estos temas laborales siempre acaba imponiendo Reales Decretos Leyes sin negociación con los grupos políticos", ha incidido.
JxCAT valora la inclusión de diferentes categorías de trabajo (a distancia, teletrabajo y presencial) pero ha lamentado que la regulación de la compensación de gastos quede abierto a una negociación posterior entre empresa y trabajadores.
El portavoz adjunto de EH Bildu Oskar Matute ha señalado en rueda de prensa en el Congreso que la ley era "urgente y una obligación", pero "se queda muy corta y no tiene sentido que si ahora el pico de teletrabajo con la pandemia es muy elevado no pueda aplicarse la norma de forma efectiva desde ya".
También ha advertido de que presentarán enmiendas para garantizar que las mujeres no se quedan relegadas con el teletrabajo y para establecer obligaciones al empresario.
