El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha informado este sábado que a lo largo de este año se pondrá en marcha un nuevo pago compensatorio al agricultor de 208,2 euros por hectárea de herbáceos de secano en zona ZEPA durante cinco años.
Con esta nueva ayuda, ha informado en un comunicado el Gobierno regional, se pretende ayudar a los agricultores con cultivos en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) "a mantener la rentabilidad de sus explotaciones", ha explicado el consejero de Agricultura, que "se realizará donde quieran los agricultores voluntariamente, porque nada más lejos de intervenir en las decisiones y en la propiedad de los particulares", ha despejado dudas Martínez Arroyo.
El consejero ha recordado que en la anterior Legislatura no se aprobaron Planes de Gestión, como exigía la Normativa Europea, lo que conllevó "un grave perjuicio para los agricultores, inseguridad jurídica para los habitantes de los pueblos y la pérdida de estas ayudas tan importantes" que ha puesto ahora en marcha el actual Gobierno regional, de 41 millones de euros con cargo al Programa de Desarrollo Rural (PDR) para unas 40.000 hectáreas de agricultores profesionales en pueblos de todas las provincias de la región.
Una cantidad, a juicio de Martínez Arroyo, que "supone doblar la rentabilidad de las hectáreas de secano en estas zonas" y demuestra el compromiso del Gobierno regional "con nuestros agricultores y con la compatibilidad del incremento de la rentabilidad agraria y la preservación del medio ambiente".
El consejero ha agradecido la colaboración de organizaciones profesionales agrarias y agrupaciones locales de agricultores "desde el primer momento" con la Administración en la gestión de esta línea de ayuda que "tanto va a beneficiar a nuestro medio rural".
Ha dado la bienvenida "a los que criticaron la medida y sembraron dudas y, ahora, se han visto obligados a dar marcha atrás al haberles contado todo lo contrario a los agricultores" y ha dicho alegrarle que "les interese la ayuda específica para agricultores de secano de la región".
"Antes no les gustaba esta ayuda y ahora sí, mucho, y entiendo que la defiendan", ha recalcado Martínez Arroyo, quien ha recordado que también satisface a los propios profesionales del sector porque "saben muy bien que eso es más de la rentabilidad de una hectárea de secano en zona ZEPA".
El titular de Agricultura ha invitado a la oposición, que gobernaba en la anterior Legislatura y tiene una sentencia en contra por este tema del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), a que "lea con precisión el Reglamento, que permite gestionar estas ayudas en los lugares de mayor importancia para el medio ambiente, para las aves esteparias que son las que nos permiten dar una ayuda como ésta".
Ha pedido, además, que deje de generar dudas "de manera irresponsable", al haber ya más de mil familias beneficiadas, cuando su Gobierno no procuró Planes de Gestión de las zonas ZEPA "y la inseguridad jurídica para los que estaban allí era muy grande" que "el actual Ejecutivo ha solventado y, ahora, los agricultores tienen la seguridad jurídica que este Gobierno les ha garantizado".
POSICIÓN AUTONÓMICA UNITARIA ANTE EL PROBLEMA HÍDRICO
En otro orden, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya se encuentra trabajando a todos los niveles, tanto políticos como dentro de las organizaciones agrarias y el tejido asociativo, para blindar una postura y un argumentario común en torno a la defensa del agua, con la intención de que sea la carta de presentación de cara a forzar un gran pacto nacional en materia hídrica que acabe con los problemas que se han visto agravados por la situación actual de sequía.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno autonómico ha explicado a Europa Press que desde su departamento ya se está trabajando en el impulso de un decálogo que "deberán firmar todos" los colectivos afectados --regantes, asociaciones agrarias, cooperativas, empresarios y sindicatos-- que sirva como punto de partida de las reivindicaciones castellano-manchegas a nivel nacional.
"Será un decálogo que defienda los intereses de los ciudadanos de la región en esta cuestión y que además planteará soluciones. Y una de ellas pasa por dejar de considerar al agua como un bien con el que se pueda mercadear, que es lo que hace el Gobierno central", ha detallado Martínez Arroyo.
La apuesta de Castilla-La Mancha pasa por valorar el agua "como un bien público del que todos se pueden beneficiar, pero haciéndolo compatible con el desarrollo económico y con su conservación".
La intención es para Martínez Arroyo "mandar un mensaje de que en Castilla-La Mancha todos van juntos en la defensa de sus intereses", de manera que se verá con "más fuerza para negociar, pero siempre con la mano tendida".
En todo caso, ha asegurado que compatibilizarán la defensa del agua en la región con "ser la región líder en solidaridad".
El titular castellano-manchego de Agricultura ha indicado que esta posición regional quiere "llegar al máximo número de interlocutores posible".
"Queremos llegar a todo el conjunto de la sociedad y defender nuestra posición desde la unidad. Seremos capaces si renunciamos a intereses partidistas", ha dicho Martínez Arroyo, añadiendo que el acuerdo a nivel nacional implica "pedir al Ministerio que trabaje de verdad para solucionar este reto político de primer nivel".
"SOLUCIONES DESDE LAS PERSPECTIVAS SOCIALES"
El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha ha abundado en que, tras "40 años de democracia sin resolver esta cuestión", la coyuntura actual favorece buscar una solución "desde la perspectiva social" a través de "un pacto social por el agua que sirva para generar riqueza y redistribuirla".
Para ello, las soluciones tienen que pasar por "más inversión en infraestructuras", teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha, según ha dicho, no es el territorio que más fondos recibe para ello.
En estos momentos de sequía, es importante para el consejero "garantizar primero el consumo humano y doméstico", para lo cual hay que potenciar las infraestructuras destinadas a ello.
Como segundo punto, habría que valorar el acceso al agua de los agricultores, "pero sin discriminar a agricultores según su zona". "Es necesario dar a todos el mismo acceso al agua. No como en el Júcar, donde hay cánones más altos a regantes de Castilla-La Mancha con respecto a otros".
Martínez Arroyo ha puesto el acento en que "no puede ser que cuando se hable de planes para combatir la sequía del Júcar, no se tenga en cuenca a Castilla-La Mancha cuando el 75% de su recorrido pasa por su territorio".
Por ello, "la región tiene que estar presente en la toma de decisiones, y lógicamente se tiene que beneficiar de las infraestructuras que se impulsen para combatir la sequía".
"De los 30 millones comprometidos por el Gobierno central para hacer inversiones en el Júcar y el Segura, a Castilla-La Mancha no va ni un sólo céntimo. No se trata igual a los regantes de la región que a los de otras regiones", ha lamentado.
