José Manuel S.C., el promotor inmobiliario acusado de apropiarse de 36.000 euros que le entregaron entre 2005 y 2006 unos vecinos por la compra de cuatro viviendas en Velada (Toledo) ha reconocido que ni hizo las casas ni devolvió el dinero a los afectados, lo que ha achacado a la crisis económica.
Durante el juicio que seguirá mañana en la Audiencia de Toledo, el acusado ha dicho al tribunal que como promotor de Tresecal, S.L. se gastó 300.000 euros en pagar los convenios urbanísticos con el Ayuntamiento, en hacer una nave de oficinas en la urbanización que iba a tener veintisiete viviendas unifamiliares y en la que tampoco se hicieron los viales por falta de "liquidez".
El inculpado, que si devolvió o compensó a otros afectados que hicieron entregas por la compra de las viviendas que nunca se llegaron a edificar, era el administrador único tanto de la promotora Tresecal, S.L., como de la constructora Construcciones e Infraestructuras S.L.
La versión dada por el acusado contrasta con lo declarado en el juicio por el perito que hizo un informe sobre lo ocurrido en esta fallida urbanización de Velada, quien ha señalado que tanto la propuesta de convenio urbanístico con el Ayuntamiento como la solicitud de licencia de obras de las viviendas la hizo la empresa constructora y no la promotora.
También ha cifrado en unos 17.700 euros los gastos de las obras hechas en la urbanización por el promotor, que consistieron en levantar los bordillos de la calle, cinco pozos y nueve arquetas del alcantarillado, pero no estaba ejecutada la pavimentación de la calle ni la acometida de electricidad.
Durante el juicio han comparecido tres de los cuatro afectados, ya que uno de ellos murió, según ha explicado a los periodistas el abogado de la acusación, Jesús Camacho, quien no se cree la versión dada por el acusado y sostiene que en realidad José Manuel no tenía intención de construir las casas por las que cada afectado había pagado nueve mil euros como entrega a cuenta.
Los afectados han coincidido en señalar que hablaron en muchas ocasiones con José Manuel y con su hermano y que en el mejor de los casos les decían que les iba a devolver el dinero.
El fiscal pide cuatro años de prisión para el inculpado por un delito de apropiación indebida, una pena que la acusación particular eleva a cinco años, además de que devuelva el dinero a los afectados.
La vista oral se reanudará mañana con las conclusiones de las partes.
