El sindicato CCOO ha pedido a la Junta que paralice el proceso de adjudicación de la contrata de vigilancia y seguridad de Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Albacete ya que una empresa 'low cost' ha obtenido una resolución que anula partes fundamentales del pliego de condiciones.
El sindicato ha explicado que la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) "cuestiona y contradice" el Acuerdo de Estabilidad para el Empleo firmado en julio de 2017 por el Gobierno regional y los sindicatos CCOO y UGT en lo que se refiere a la subrogación de los trabajadores cuando cambia la contrata y al cumplimiento de los convenios colectivos.
El sindicato informó de la resolución al Gobierno regional, que, a su vez, ha contestado diciendo que recurrirá la resolución del TACRC ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la región.
A este recurso se va a sumar el sindicato CCOO, que, además, hoy ha pedido por escrito a la Gerencia del Sescam y a la Consejería de Hacienda que, en tanto se resuelva el recurso, paralicen el proceso de adjudicación de la contrata de vigilancia y seguridad de la GAI de Albacete.
El sindicato lo hace "para evitar los nefastos efectos que tendría sobre los trabajadores afectados la posible concesión de ese contrato a una empresa que no garantice ni la subrogación de sus contratos ni la aplicación del convenio colectivo estatal del sector", ha explicado.
El TACRC basa su resolución en el real decreto legislativo (de 2011) que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la "facultad" que tienen las empresas para "descolgarse de los convenios colectivos sectoriales y aplicar sus propios convenios".
En cuanto al real decreto de 2011, CCOO ha recordado que está "a punto" de ser sustituido por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en noviembre de 2017 y que entrará en vigor este próximo mes de marzo.
Y en cuanto a la facultad de las empresas de descolgarse de los convenios sectoriales para aplicar su propio convenio, en opinión de CCOO es "una de las más evidentes barrabasadas de la Reforma Laboral del PP", que tiene efectos "gravísimos" para los trabajadores y para las empresas "honestas" a la hora de competir en "franca desventaja" tanto en los concursos públicos como en el mercado en general.
Un ejemplo es que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social acaba de adjudicar una contrata a una empresa 'low cost' que acumula cientos de sanciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y cuyo convenio colectivo "de empresa" está muy por debajo del estatal del sector e incluso ha sido denunciado por el mismo Ministerio.
"Es decir: mientras el Ministerio de Fátima Báñez persigue, sanciona y denuncia ante los tribunales las tropelías laborales de una empresa, elige a esa misma empresa para adjudicarla contratos públicos", ha criticado CCOO.
