El Ministerio Fiscal pide 15 años de inhabilitación para el magistrado Fernando Presencia por un presunto delito de prevariación judicial, según el señalamiento de acusación por la apertura de juicio oral, que se celebrará el lunes 26 de junio en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Estas fuentes judiciales han recordado que este procedimiento la inició la Fiscalía de Castilla-La Mancha con la interposición de una querella como consecuencia de la actuación del magistrado en el ejercicio de sus funciones al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina (Toledo), del que es titular.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, señala que Presencia, durante la tramitación en su juzgado de unas diligencias previas abiertas por delito de estafa en las que aparecía como investigada una persona "con la que mantenía una relación estrecha e intensa de amistad que trascendía del mero conocimiento personal, procedió a dictar un auto oral de sobreseimiento provisional en relación con el delito en presencia del propio investigado".
El delito de estafa en cuestión era la compra venta de un local mediante un documento privado.
Según el fiscal, el magistrado dictó dicha resolución "insólita y anómala en cuanto carente de toda cobertura legal, además de prematura en ese estadio procesal, sin oír a las partes y sin esperar al resultado de la práctica de diligencias ya acordadas", tales como varias pruebas documentales solicitadas a una entidad bancaria o la práctica de una prueba pericial caligráfica que tendría que haber sido acordada por el magistrado.
También el escrito de acusación sostiene que "la referida resolución oral no fue documentada de forma escrita hasta el 18 de agosto de 2015, diecisiete meses después de su dictado".
Esta resolución fue recurrida tanto por el fiscal como por la acusación particular y revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Toledo.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal ha solicitado también para Presencia una multa de 27.000 euros y la pérdida definitiva del cargo que ostenta.
