Bienvenido sea el gobierno a la cordura que demanda la calle. El reciente acuerdo del PNV con el PP para aprobar los Presupuestos ha pillado a Ciudadanos con el paso cambiado. Este partido, que había divulgado sus cualidades de negociar unas mejoras para los pensionistas con el fin de apoyar al partido en el gobierno, se ha dado un baño de realidad. El PNV ha conseguido, a cambio de su apoyo, que el gobierno suba todas las pensiones de acuerdo con el IPC. Es decir, como establece la Constitución en su artículo 50 (aunque no con la suficiente claridad, al parecer). Es decir, lo que estaban pidiendo las mareas de pensionistas en las calles, sobre todo en Bilbao todos los lunes, pero solo por dos años y retrasando cuatro años más el «factor de sostenibilidad» (¿qué sostenibilidad?).
Esa temporalidad del acuerdo no es lo que piden los pensionistas, quienes afirman no querer parches, pues el problema sigue latente. Quieren, entre otras, la derogación de la ley de 2013; la de 2011 en lo que tiene de perjudicial para las futuras pensiones; el pago de lo perdido en estos años; la garantía de la financiación de la Seguridad Social en los PGE; modificar en la Constitución los artículos necesarios para especificar lo que ahora no parece estar tan claro en cuanto a la revalorización de las pensiones, y la reforma integral de la Seguridad Social, junto a una Reforma Laboral y otra Fiscal para que el Sistema sea sostenible.
El tema no es baladí, sobre todo porque hay casi 10 millones de pensionistas, o sea, de votantes a quienes no debe defraudar el PP, y más con elecciones en el cercano horizonte de 2019. Ciudadanos, que en su día ya saltó al ámbito nacional desde Cataluña, también lo debe reconsiderar, pues a lo mejor si el PNV (de derechas igual) hiciera lo mismo desde el ámbito vasco, les haría un descosido en su franja política. Puede que haya electores que voten en contra de su cartera por ideología, pero en general cuando la ciudadanía toma un voto y lo deposita en una urna, suele ser pragmática.
