Con el 10N en el horizonte, el Gobierno en funciones y con capacidades limitadas de Pedro Sánchez durará, como poco, ocho meses. Casi 250 días de parálisis que afectan no solo a la administración central, sino a comunidades y ayuntamientos y también a reformas legislativas que siguen esperando en el cajón.
Lo primero que se echa en falta son unos presupuestos actualizados. Por primera vez en democracia, no va a quedar más remedio que prorrogar por segundo año consecutivo las cuentas públicas del Estado.
Al igual que este 2019 con el PSOE en el Palacio de la Moncloa, el futuro Ejecutivo -en el que caso de que logre formarse- echará a andar 2020 con los presupuestos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy hace dos ejercicios.
Por muchas prisas que quiera darse, el calendario electoral hace imposible la aprobación de unas nuevas cuentas públicas antes de que termine este año.
Celebradas las elecciones y elegidos los nuevos diputados y senadores, las Cortes se constituirán aproximadamente un mes después de los comicios, ya entrado el mes de diciembre.
Salvo una improbable mayoría absoluta o una coalición de Gobierno definida a priori que pudiera acelerar la investidura, no parece probable que pueda haber nuevo Gobierno antes de Navidad. Y eso siendo optimista.
Aunque el nuevo Ejecutivo ya tuviera preparada unas cuentas y las llevara inmediatamente al Congreso, la tramitación parlamentaria de la ley más importante de cada ejercicio se prolonga durante al menos tres meses. Entre unas cosas y otras, nada indica que haya nuevos presupuestos antes de verano.
No tener unos presupuestos al día complica cuestiones tan cotidianas como la revalorización de las pensiones, el salario de los empleados públicos o las transferencias de fondos a las comunidades autónomas.
Para aplacar las ansias de las comunidades, que cifran el agujero en unos 4.500 millones de euros, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha avanzado que antes de que acabe el año el gabinete librará remesas de tesorería adicional para que los gobiernos autónomos puedan hacer frente a sus compromisos de pago.
Sin esos fondos pendientes, las comunidades tienen en vía muerta nuevos proyectos o tienen dificultades para pagar en tiempo y forma los ya existentes.
Aunque se dice habitualmente que sin presupuestos es imposible gobernar, hay cuestiones que no dependen directamente de las cuentas públicas sino de una mayoría parlamentaria suficiente y, sobre todo, de un Ejecutivo con plenas facultades que pueda llevarlas adelante.
En el cajón de los asuntos pendientes figura la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de los jueces, que solo puede actualizado con un amplísimo acuerdo entre los partidos, aún mayor si cabe a que se exige para la investidura.
La situación de interinidad tampoco ha permitido renovar órganos de control como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Parte de su cúpula directiva, empezando por su presidente, José María Marín Quemada, cumplen mandato este mes.
Otro nombramiento especialmente delicado que se ha quedado pendiente es el del nuevo responsable del Centro Nacional de Inteligencia.
Félix Sanz Roldán, que había encadenado mandatos en el CNI con los sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, dejó vacante el puesto en julio pasado.
Cargo que ha tenido que ser ocupado de forma interina por su segunda en los servicios de inteligencia, Paz Esteban López.
Eso en el capítulo de nombramientos, nada comparado con el de leyes y reformas postergadas, que se cuentan por decenas.
El Congreso volverá a cerrar sus puertas el próximo lunes sin haber aprobado ni una sola ley en más de medio año. En este tiempo los diferentes grupos han registrado medio centenar de proposiciones de ley, pero todas han caído en saco roto.
La reforma de la LOMCE, la conocida como Ley Wert, prometida una y otra vez por el PSOE, entre otros, también tendrá que esperar, y ya acumula seis años escolares en vigor.
Tampoco tendrá recorrido para lo que queda de año la regulación de la eutanasia que la semana pasada pasó su primer examen en el pleno de la Cámara, pero que decaerá como el resto de iniciativas.
La lucha contra los accidentes de tráfico es otra víctima del bloque político.
Las distracciones, sobre todo el uso del teléfono móvil al volante, son ya la primera causa de las muertes en carretera y, por eso, Tráfico quiere incrementar las sanciones por estas prácticas.
La regulación de los patinetes o de la velocidad en el centro de la ciudades o medidas de amplio calado social y que cuentan con apoyo político, como las contempladas en el Pacto contra la Violencia de Género, también se han quedado en el tintero de una legislatura que apenas ha durado cinco meses.
Cinco meses de producción legislativa nula y con un BOE prácticamente en blanco. La incógnita es por cuánto tiempo.
