Dice el coro independentista que el jueves pasado comenzó la campaña electoral de ese referéndum que sus dirigentes se han sacado de la manga.
La escenificación tuvo su lugar en la plaza de toros de Tarragona. Sonó a "¿cómo están ustedes?", con el molt honorable president Puigdemont en el papel del payaso Fofó. Eso fue lo de menos. Lo relevante del evento es que, como todo en el relato nacionalista, se basaba en una mentira: el carácter supuestamente inaugural de la campaña del 1-O.
De eso, nada. Llevamos cinco años largos de campaña. Con la participación única, estelar, excluyente y reiterativa del bloque partidario de la Cataluña como unidad de destino en lo universal. De modo que la intervención de Puigdemont -beatificado en la portada de un periódico de tirada nacional donde aparecía flotando entre el cielo y la tierra, nimbado del aura de los santos mártires- fue continuista en el uso y abuso de mantras habituales de la causa.
A saber:
Que estamos ante un conflicto entre Cataluña y el Estado. Mentira y gorda. Es un problema entre un Estado que se defiende y la facción política de Cataluña que aspira a reventarlo.
Que el origen está en la anulación parcial, por parte del Tribunal Constitucional, del Estatuto de Autonomía aprobado por los catalanes (no por ERC, por cierto) en junio de 2006. Mentira a medias porque la ofensiva comenzó casi tres años después de la sentencia y, qué casualidad, cuando en plena crisis económica no estaba el horno para bollos de pactos fiscales y el instigador de la ofensiva, Artur Mas, como presidente de la Generalitat por aquel entonces, tenía que acceder en helicóptero al Parlament porque los catalanes -sobre todo, los de la CUP, que hoy son sus aliados- le abucheaban por su política de recortes en el Estado del bienestar. Todo hay que decirlo.
Que el Gobierno de la nación siempre se ha negado a negociar con los agitadores de la causa independentista. Eso puede ser verdad aplicado al primer tramo del desafío, cuando Mas venía a Madrid a reclamar un pacto fiscal diferenciado para Cataluña y Rajoy se escudaba en el difícil momento que estaba atravesando la economía nacional. De tres años a esta parte, el nacionalismo gobernante en Cataluña no ha querido negociar nada que no fuese el cómo y el cuándo de un referéndum para romper con España. Y eso no lo puede permitir ni antes ni ahora el Gobierno sin previa reforma de la Constitución.
Que votar no es delito. Cierto. Pero sí lo es la desobediencia, la prevaricación o la malversación de fondos públicos. Tampoco es delito amar apasionadamente pero si un señor lo hace en plena calle será detenido por acoso o por escándalo público.
Y así sucesivamente.
