La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo miércoles, 8 de julio, al exalcalde del PP de Caudete (Albacete), José Miguel Mollá, acusado de un delito de prevaricación por una contratación del suministro eléctrico, para el que el fiscal pide una pena de 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según se indica en el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, Mollá esta acusado, junto a otras dos personas para las que solicita la misma pena de 11 años de inhabilitación, de ser el presunto autor de un delito de prevaricación administrativa, por haber contratado en el Ayuntamiento "personalmente y por propia voluntad" una comercialización de suministro eléctrico para el municipio.
Este contrato fue anulado posteriormente, con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, "ante la falta total y absoluta del procedimiento legal establecido".
En la vista, que se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, se juzgará a tres personas, a José Miguel Mollá, que fue alcalde del PP de Caudete hasta su dimisión, en junio de 2017, tras el anuncio de Ciudadanos de preparar una moción de censura contra él, así cono a otras dos personas que son considerados "cooperadores necesarios" para la comisión del delito del que se les acusa.
Según el ministerio público, en junio de 2016 Mollá encargó personalmente a un conocido del pueblo, el acusado J.F.R.D., entonces contratado como conserje por un plan de empleo, que estudiara la facturación que por diversos contadores efectuaba la comercializadora y los comparara con otras compañías, y ambos contactaron con el tercer acusado, J.M.S.R., gestor energético de una compañía.
La Fiscalía mantiene que se firmó un contrato para el suministro eléctrico de alta tensión del Ayuntamiento con la comercializadora, que afectaba a 47 puntos de suministro, así como otros tres de suministro temporal para puntos radicados en la feria de la localidad.
Mollá actuó de esta forma "a pesar de la experiencia en contratación administrativa derivada de sus seis años como alcalde, sabedor de la necesidad de incoar un expediente administrativo y de consultar tanto con la secretaria como con la interventora municipales, tal y como había sido advertido previamente por el jefe del Departamento de Obra del Ayuntamiento de Caudete", apunta el representante del ministerio público.
Asimismo, sostiene que el entonces alcalde decidió la contratación "personalmente y por propia voluntad", tras la recomendación de los otros dos acusados, y que además se hizo "sin incoación de expediente alguno, sin recabar informes jurídicos ni de los técnicos municipales, sin sumisión a los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia".
