El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado este lunes que el Gobierno regional va a invertir un total de 30 millones de euros en la Estrategia Regional de Biomasa Forestal hasta el año 2020.
En rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia del Gobierno, Martínez Arroyo ha informado de que el Consejo de Gobierno ha dado este lunes el visto bueno a esta iniciativa que supondrá una inversión de 15 millones de euros en la sustitución de las calderas en edificios públicos de la región y otros 15 millones en incentivos a empresas.
Así, ha destacado que el objetivo es "compatibilizar la rentabilidad económica de las superficies forestales de la región con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático".
En este sentido, ha defendido que el modelo energético de Castilla-La Mancha es "renovable, sostenible y distinto a otros modelos así como contrario a la energía nuclear y al silo nuclear en Villar de Cañas", y ha asegurado que es una región "autosuficiente" desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica porque "genera más energía de la que consume".
Además, Martínez Arroyo ha recalcado que la estrategia de biomasa va a "reforzar los objetivos de la lucha contra el cambio climático, a escala nacional, europea y global", y ha añadido que desde el año 2005 ya se ha reducido un 34 por ciento la emisión de gases invernadero mientras que el objetivo nacional era del 10 por ciento.
Por otro lado, el titular de Medio Ambiente ha indicado que el análisis de la superficie forestal en la región ha revelado que ocupa el 44,8 por ciento, 36.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 2,7 millones de hectáreas son de superficies susceptibles de ser aprovechadas para la obtención de rendimiento a partir de la biomasa forestal.
El consejero ha subrayado que la estrategia regional plantea la zonificación de Castilla-La Mancha en siete zonas susceptibles de ser explotadas, y también propone construir, con colaboración público-privada, centros logísticos en cada una de las zonas "para atender la demanda de particulares y empresas".
Martínez Arroyo ha destacado que el Gobierno regional ha planteado en esta estrategia el "fomento del uso de la biomasa en el sector público" y a este respecto ha dicho que se utilizará la biomasa como combustible en los edificios propiedad de la Junta.
En concreto, ha detallado que los 47 centros educativos de Educación Secundaria van a cambiar sus sistemas de calderas con una inversión de 14 millones de euros, cuya inversión se amortizará en un plazo de entre 8 y 10 años y supondrá la reducción de cerca de 3.000 toneladas de CO2 al año.
"Por cada tonelada de CO2 la región ingresará 9,7 euros, por lo que está previsto un ingreso de 140.000 euros en Castilla-La Mancha durante los próximos años", ha remarcado Martínez Arroyo.
Asimismo, se cambiarán las calderas del Centro Apícola de Marchamalo (Guadalajara), las oficinas comarcales agrarias de Cogolludo y Jadraque (también en la provincia de Guadalajara) y la dirección provincial de Agricultura en la provincia de Cuenca.
Por último al respecto, el consejero ha señalado que el Gobierno ha encargado a la empresa pública Geacam un estudio para la modificación de las calderas en las sedes centrales de las consejerías en Toledo y para evaluar la viabilidad de la construcción de calderas de biomasa en centros de salud y hospitales.
En cuanto a la generación de empleo, ha agregado que el sector forestal crea 15.000 empleos directos y que solamente con los tratamientos herbicolas se ha calculado la creación de 2.000 empleos en la región.
PROPUESTAS PARA UN PACTO NACIONAL DEL AGUA
En otro orden, el consejero Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha urgido al Ministerio a que ponga "un documento formal encima de la mesa" para alcanzar un pacto nacional del agua que contenga "análisis rigurosos y perspectivas de futuro".
A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa, Martínez Arroyo ha asegurado que el Gobierno regional tiene "disposición absoluta" y la "mano tendida" porque considera que es una "necesidad" llegar a una acuerdo nacional del agua.
Asimismo, ha indicado que las comunidades autónomas tienen el "interés común" de planificar en materia del agua, y en este sentido ha celebrado la decisión del Gobierno central de "contar con el principal partido de la oposición para llegar a un acuerdo".
Ha agregado que el acuerdo no debe ser una "imposición" y ha reclamado que Castilla-La Mancha "quiere estar en ese pacto social en materia de agua" porque de esa manera "se contaría con todos los ciudadanos y todos los intereses".
Ha destacado la "necesidad" de lograr cuanto antes el acuerdo y de "afrontar la situación coyuntural de sequía no exigiendo restricciones más a unos que a otros, y de cara al futuro garantizar la viabilidad económica del medio rural y unos mínimos caudales ecológicos" para que no se repitan imágenes como la del río Tajo a su paso por Toledo, ha lamentado.
Por otro lado, sobre las ampliaciones de granjas de porcino en las últimas semanas, Martínez Arroyo ha destacado que en Castilla-La Mancha la distancia mínima entre las granjas y los núcleos de población será de 2 kilómetros, tal y como recogerá el decreto que ha dicho que "se está ultimando y se aprobará en los próximos dos o tres meses".
Asimismo, el consejero ha advertido que los ayuntamientos tienen la posibilidad, por motivos urbanísticos, de impedir la construcción de una granja en su territorio, y ha reconocido que el turismo de la región "busca otro modelo" pero "tiene que ser compatible en algunas zonas de la comunidad", ha dicho.
GRADO DE ENOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD
Por otra parte, el consejero ha avanzado que el Gobierno regional está negociando con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) la implantación del grado de Enología en el marco de la negociación del contrato programa.
A preguntas de los periodistas, Martínez Arroyo ha señalado que es posible que en el próximo curso aún "no sea viable" poner en marcha estos nuevos estudios superiores en la región, pero ha asegurado que en Castilla-La Mancha "va a haber" un grado de Enología.
Ha concretado que será una de las primeras nuevas titulaciones que tendrá la UCLM, como quedará contemplado en el contrato programa que están negociando la Junta y la institución universitaria.
Martínez Arroyo ha remarcado que el grado de Enología es "una demanda de los estudiantes pero también del sector vitivinícola", y ha añadido que no se entiende que en la región donde hay mayor demanda, los enólogos tengan que ir a formarse fuera.
También ha dicho que las conversaciones con la UCLM "ya están muy avanzadas" y que el Gobierno regional ha ofrecido el Iriaf (Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal) en Tomelloso (Ciudad Real) para que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas.
En cuanto a la ubicación del nuevo grado en los distintos campus de la comunidad autónoma, el consejero ha dicho que se determinará junto a la UCLM.
SELLADO DEL AMIANTO EN LA CIUDAD DE TOLEDO
Por último y de otro lado, el consejero ha informado de que uno de los seis propietarios de parcelas con amianto en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia ha ingresado al Gobierno regional 600.000 euros por el sellado del amianto.
A preguntas de los periodistas, Martínez Arroyo ha defendido que la Junta es "consciente" del problema medioambiental que supone el amianto y ha destacado que es "el Gobierno que va a resolver el problema de los ciudadanos".
En este sentido, ha explicado que en estos momentos se está desarrollando el proceso de sellado de los restos de amianto en el Polígono tal y como recomendaba el informe técnico, y ha asegurado que desde el Ejecutivo están en "comunicación permanente" con los vecinos.
Asimismo, ha subrayado que el objetivo del Gobierno autonómico es recuperar los fondos que está poniendo para esta actividad, con una previsión de gasto de 2,5 millones de euros, de manera que repercuta en los particulares propietarios de las parcelas donde hay restos de amianto.
Ha recalcado que el proceso de recuperación del dinero invertido "habitualmente tarda bastante más", por lo que ha señalado que el Gobierno "está haciendo las cosas bien y la retirada de amianto no la van a pagar los ciudadanos sino quienes lo tienen en sus parcelas".
También ha afirmado que para entrar en algunas de las parcelas y poder sellar el amianto el Ejecutivo necesitará autorización judicial porque algunos de los propietarios no lo han autorizado.
