El Gobierno regional, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI), las empresas de distribución y los supermercados han firmado un convenio de colaboración para implementar un servicio de compra asistida, dirigido a personas mayores y con discapacidad.
En concreto, el convenio ha sido suscrito por la Consejería de Sanidad, el CERMI, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la de Supermercados de Castilla-La Mancha (Asucam) y la de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), ha informado la Junta en nota de prensa.
El objetivo de este acuerdo es establecer las bases generales de colaboración para implementar el programa de servicio especializado de apoyo en la compra para personas consumidoras con discapacidad en los establecimientos en régimen de autoservicio (grandes superficies, hipermercados y supermercados) adheridos al programa en la región.
Podrán acogerse a este servicio las personas con discapacidad reconocidas con al menos un grado del 33 por ciento que presenten limitaciones para poder realizar una compra en igualdad de condiciones que el resto, independientemente de su discapacidad física, sensorial, intelectual o del desarrollo.
También personas mayores o que padezcan de enfermedad crónica, con limitaciones en la movilidad y de tipo cognitivo que presenten, asimismo, el grado de discapacidad antes referido.
Las empresas que se sumen a esta iniciativa estarán identificadas a través de logotipos que expondrán en la entrada a sus negocios y contarán con personas dedicadas a esta tarea, que estarán perfectamente identificadas a través de chalecos en los que llevarán el mensaje de "compra asistida".
Sus funciones serán orientar, informar y facilitar a los consumidores el proceso cotidiano de la compra en una apuesta decidida por la igualdad de derechos y oportunidades.
El personal responsable de prestar el servicio de asistencia y apoyo a la compra puede responder a varios perfiles, según criterio de cada una de las empresas adheridas pero, siempre que resulte posible, se optará por la contratación de personas con discapacidad.
Para el adecuado control del convenio, todas las partes constituirán una Comisión de Seguimiento, integrada por un representante de cada una de ellas, que presidirá el director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera.
Desde la entrada en vigor del acuerdo, se contempla un período de implementación, de un máximo de tres meses, para llevar a cabo las acciones y medidas precisas.
El acceso al servicio se podrá realizar por cita previa por parte del cliente a través de los canales que establezca la empresa (correo electrónico, página web, teléfono gratuito o aplicación para el móvil) y el sistema deberá ser plenamente accesible.
También podrá optarse por la asistencia solicitada 'in situ' en el propio establecimiento.
