Opinión

Iguales ante la Ley

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a cinco años y diez meses de prisión (por malversación de caudales públicos y fraude a la Administración) a Iñaki Urdangarin, cuñado del Rey Felipe VI y a su esposa, la infanta Cristina de Borbón, hija del Rey Juan Carlos I, como responsable a título lucrativo a pagar 136.950 euros, supone un hito en la Historia de España. Aunque formalmente ya no pertenecen a la Familia Real en el caso de Urdangarin no hay precedente del ingreso en la cárcel de persona tan próxima a la jefatura del Estado. Aunque la defensa de Urdangarin puede presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo la suspensión temporal del ingreso en prisión, todo hace suponer que veremos al cuñado del Rey ingresando en la cárcel. Circunstancia ésta que apareja un potente mensaje hacia la sociedad y, sobre todo, hacia los más escépticos: la Ley se cumple y es igual para todos.

Vivimos tiempos revueltos y soplan aires de cambio político. La corrupción pudre la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y al margen del caso Nóos, estamos atravesando una racha de sentencias relacionadas con casos de corrupción que implican a personajes de la política. La del caso Gürtel fue el motor que por el camino de la indignación logró poner de acuerdo a la mayoría de las fuerzas representadas en el Congreso para votar a favor de la moción de censura que apeó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Otra aún más reciente y derivada de la anterior se ha saldado con condenas a los implicados en la trama valenciana de la misma organización delictiva que utilizaba el poder político para obtener comisiones ilegales. Los políticos que han abusado de su poder o quienes como Iñaki Urdangarin ha quedado probado que se valieron de su posición para hacer negocios ilícitos han topado con los jueces.

Ni las influencias políticas, ni su posición en la jerarquía social les ha proporcionado impunidad. En el caso del yerno del Rey Juan Carlos su actuación es doblemente criticable. En lo penal ya lo han decidido los tribunales. En lo social la sanción se desprende del hecho de no haber sabido hacer honor a la situación de privilegio que había alcanzado. "Noblesse oblige", reza un antiguo lema que emplaza a tener un comportamiento ejemplar a quienes disfrutan de privilegios que otros no tienen. Están al caer nuevas sentencias en casos de corrupción -los papeles de Bárcenas y el caso Lezo(PP) o los ERE de Andalucía (PSOE). Sólo el cumplimiento de la Ley -¡qué gran trabajo el de jueces y fiscales!- nos pone a salvo de caer en el pesimismo. Dejemos, pues, a los jueces que hagan su trabajo.

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