El camino para solicitar la renovación de los permisos de las centrales nucleares de Almaraz, Vandellós II y Ascó II ha quedado despejado este viernes después de que las empresas propietarias, tras meses de disputas, se hayan puesto de acuerdo para pedir nuevos periodos de actividad para las plantas.
Con ese acuerdo, que se alcanzó de madrugada entre Iberdrola, Endesa y Naturgy y que esta mañana han aprobado las asambleas de propietarios de las centrales, para el grupo I de la central de Almaraz, en Cáceres, se solicitará que se extienda su operación durante 7,4 años y la del grupo II durante 8,2.
Esto llevaría a que esta instalación no tenga que cerrar en el caso del grupo II hasta el 31 de octubre de 2018 y en el del I hasta el 1 de noviembre de 2027, cumpliendo así el calendario que las empresas pactaron con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para el cierre ordenado del parque nuclear español hasta 2035.
Almaraz, cuya propiedad comparten Iberdrola, Endesa y Naturgy, no podrá a optar a un nuevo permiso después de 2028, cosa que sí podrán hacer tanto la de Vandellós II como la de Ascó II, después de la renovación de la licencia de explotación por diez años que se va a pedir ahora.
Vandellós II, cuyo actual permiso expira en junio de 2020, podrá operar con el nuevo que obtenga hasta julio de 2030, y después pedir una prórroga más, pues en el cronograma que firmaron las empresas con participaciones en centrales nucleares en España -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- con Enresa su cierre se ha fijado para 2035.
Esta planta nuclear será la penúltima planta en cerrar, justo antes que la de Trillo, para la que también se ha fijado el fin de su actividad en ese mismo año.
Para Ascó II, en la que tienen participación, al igual que en Vandellós II, Iberdrola y Endesa, se pedirá también la renovación del permiso por diez años, aunque, a diferencia de las centrales de Almaraz y Vandellós, que tienen que presentar la solicitud de renovación de la licencia antes del próximo 31 de marzo, no tendrá que hacerlo hasta 2020.
Esta central, cuyo actual permiso le permite operar hasta 2021, tendrá que solicitar el nuevo en 2020 y también podrá optar a una prórroga después de la que obtenga hasta 2031, si bien de una duración inferior a la de Vandellós II, ya que el cronograma del Gobierno establece para el grupo II de Ascó como fecha de cierre el año 2032.
Almaraz será la primera central nuclear que se cierre y cesará totalmente su actividad en 2028, aunque, según ha explicado Iberdrola en un comunicado, la actividad económica y el empleo relacionado con sus reactores están garantizados para los próximos 25 años, ya que los trabajos de desmantelamiento posteriores a su cierre se extenderán durante 15 años.
El acuerdo alcanzado de madrugada entre Iberdrola, Endesa y Naturgy pone fin a los desencuentros mantenidos por las compañías sobre el establecimiento de condiciones para solicitar la renovación de los permisos para las plantas, en particular en el caso de Almaraz, a pesar de que todas firmaron con Enresa el protocolo que incluye las fechas de cierre de las plantas para el desmantelamiento ordenado del parque nuclear.
La postura de Iberdrola y Naturgy de condicionar la extensión del permiso de Almaraz a que las inversiones que exigiera el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a ésta y otras plantas para renovar la licencia no introdujeran desviaciones al alza sobre las inversiones previstas en sus planes de negocio para la extensión de la actividad, chocó con el planteamiento de Endesa.
Esta compañía se opuso a que se pusieran condiciones y defendió que simplemente se presentarán solicitudes por los años que permite el protocolo con Enresa.
El acuerdo final para Almaraz sí que establece que si el CSN impone unos requisitos para que la planta siga operativa que eleven en un 50 % las inversiones previstas en el plan de negocio, que ascienden a 400 millones, se vuelvan a reunir para decidir si siguen adelante con la solicitud del permiso, que en última instancia otorga el Ministerio para la Transición Ecológica.
En el caso de las otras dos plantas -Vandellós II y Ascó II-, para las que se han acordado inversiones para el nuevo periodo de vigencia del permiso de 482 millones de euros y 356 millones, respectivamente, no se fija un porcentaje de desviación, aunque también se analizará si se siguen pidiendo en caso de que se tengan que hacer unas inversiones superiores.
Todas las decisiones deberán ser adoptadas por unanimidad de los socios en las centrales, con independencia del porcentaje que tengan en cada instalación, como está establecido legalmente, un aspecto en cuestión en los últimos tiempos por el bloqueo que esa unanimidad requerida puede provocar para que las plantas sigan operando.
La central de Santa María de Garoña, participada al 50 % por Iberdrola y Endesa, solicitó renovar el permiso, aunque después Iberdrola pidió a su socio que se desistiera en la petición.
Pese a que Endesa se mostró a favor de seguir con el proceso, finalmente el Ministerio de Energía que dirigía Álvaro Nadal en último Gobierno del PP tomó la decisión de que se cerrara ante el desacuerdo de los socios.
