La Asociación HazteOír, que la pasada semana envió un escrito a escuelas de Castilla-La Mancha alertando de las "leyes de adoctrinamiento sexual" que, a su juicio, quiere aplicar el Gobierno autonómico, ha justificado su envío y se ha defendido de las críticas alegando que este texto "se fundamenta en la Constitución Española".
Este texto fue tachado por sindicatos como CCOO y STE de "homófobo y fascista", recalcando que en su portada aparecían dos niños haciendo el saludo nazi ante la bandera representativa del colectivo LGTBi. Además, el Gobierno autonómico se desmarcó del contenido de dicho escrito, asegurando que se aleja del modelo educativo que propone en la Comunidad Autónoma.
La portavoz de la Asociación, Teresa García-Noblejas, ha recalcado que "es la Constitución la que afirma que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", tal y como ha informado HazteOír en nota de prensa.
"Y las leyes autonómicas de diversidad sexual tienen como objetivo expreso promover modelos de comportamiento lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual, es decir valores que, como mínimo, son controvertidos y sobre los que los padres deben estar informados y, en su caso, decidir cómo quieren hablar a sus hijos de esos temas", añade la portavoz.
Así, García-Noblejas defiende que el libro enviado por la Asociación "indica expresamente que los derechos de las personas LGTBi, como los de cualquier otro ciudadano, ya se encuentran garantizados por la Constitución Española, son reconocidos en Europa y en la ONU". "La legislación general nos hace iguales ante la ley y protege a las personas de la discriminación", recuerda.
En todo caso, insiste en calificar su acción como una "labor informativa" sobre "un conjunto de leyes autonómicas", defensa que se hace "ejerciendo la libertad de expresión y de imprenta reconocida en toda sociedad democrática".
"Defendemos rotundamente los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de sus características o condición. Pero igualmente advertimos que se trata de una ofensiva contra la libertad de educación de los centros y el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos", concluye García-Noblejas.
