La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido confianza al Congreso porque cree que la situación económica abre una oportunidad para afrontar "determinación" retos, como la reducción de la deuda pública y el déficit, o el de la transformación digital y transición ecológica.
"Hay que tener visión de lo que podemos hacer juntos, sin resignarnos a los riesgos", ha dicho en referencia al Brexit o a las tensiones comerciales, durante su primera intervención en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso en la XIV Legislatura y en la que ha explicado que la "cautela" y la "responsabilidad" serán los "faros" que guíen las medidas económicas del Gobierno.
Calviño ha avalado en reiteradas ocasiones las previsiones económicas aprobadas por el Ejecutivo, que sitúan el crecimiento del producto interior bruto (PIB) en el 1,6 % este año y en el 1,5 % el que viene, y que avanzan un déficit público del 1,8 % del PIB para este ejercicio y del 1,5 % para 2021.
La vicepresidenta ha señalado que son estimaciones "prudentes, "realistas" y alcanzables, "idénticas a las de que ha hecho este jueves la Comisión Europea", que ha revisado al alza la previsión de crecimiento de España y ha puntualizado que "confirman que capeamos mejor que otros un escenario marcado por la ralentización".
"La ausencia de burbujas y de desequilibrios relacionados con el endeudamiento privado que nos llevaron a la crisis nos da una oportunidad de cara al futuro", ha incidido.
Ha argumentado que la nueva senda de estabilidad "no es falta de ortodoxia, sino que es realismo", y ha incidido en que, con ella, se podrán acometer medidas para frenar la desigualdad que ha generado la crisis económica y crear hasta 1,2 millones entre 2019 y 2023.
Calviño ha explicado que el Gobierno mantiene la Agenda del Cambio y sus reformas estructurales en materia de empleo, energía o transformación digital.
"En resumen, nuestra acción de Gobierno se va a encaminar hacia el objetivo de compaginar el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad de las cuentas públicas", ha aclarado, toda vez que ha asumido el reto de reducir la deuda pública por debajo del 90 % en 2023, después de que haya cerrado 2019 en el 96 % del PIB.
Por otra parte ha anunciado que el ministerio trabajará por una nueva ley contra la morosidad, que se centre en el pago de facturas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) así como en medidas de protección al consumidor financiero, para evitar las deudas perpetuas y "desproporcionadas" que no pueden pagar por créditos al consumo.
Ha recordado que también se aprobará la Autoridad de Protección al Cliente Financiero, y ha confiado en que el proyecto de ley para la creación de un 'sandbox' o banco de pruebas para las empresas tecnológicas financieras pueda tramitarse "en breve" en las Cortes.
También habrá un libro blanco sobre la gobernanza económica y, en materia digital, ha avanzado para mayo la licitación de la banda de los 700 megahercios (Mhz), con el fin de redistribuir estas frecuencias entre los operadores que las usarán para el despliegue del 5G.
La vicepresidenta tercera ha señalado que el Gobierno vigilará el gasto y que han encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) otra serie de informes al respecto, aunque no ha desvelado en qué áreas.
En lo que sí se ha mostrado rotunda es en que no puede haber un salario mínimo diferenciado por territorios, como le han pedido algunos diputados catalanes o vascos, y ha afirmado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) garantiza la unidad de mercado y debe ser común para todos los ciudadanos, "sin perjuicio de un tratamiento específico en determinados sectores y colectivos".
En la comisión parlamentaria, el PP, Cs y Vox han avisado de que las previsiones de déficit podrían incumplirse si se implementan políticas económicas como subidas de impuestos, y le han interpelado por la situación de Bankia o la creación de un banco público.
En este sentido, Calviño ha reiterado que el Gobierno persigue maximizar la recuperación de las ayudas públicas invertidas en Bankia y "no hay que actuar de manera apresurada" para su total privatización.
También ha defendido que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) vea reforzada su actuación como banco público para impulsar inversiones en innovación, ciencia o para ayudar a la transición ecológica.
