El Consejo de Ministros ha decidido un viernes más acudir al Tribunal Constitucional (TC) para que anule otros dos acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña, esta vez una propuesta de la CUP a favor del derecho de autodeterminación, y ha advertido de que se pone de manifiesto la "clara intención" del órgano que dirige el Parlament de "continuar" con el proceso hacia la independencia.
Es el cuarto Consejo en que el Ejecutivo toma la decisión de plantear lo que se denomina incidencias de ejecución de sentencia, una apelación al TC para que anule diversos acuerdos por entender que incumplen sentencias y providencias del Tribunal. Son en total diez los incidentes presentados desde el 4 de octubre hasta hoy.
En concreto, el Gobierno ha decidido este viernes actuar contra la admisión a trámite por la Mesa del Parlament el pasado 29 de octubre de una moción de la CUP en cuyo punto número uno se insiste en la voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación.
También se dirige contra la decisión de la misma Mesa del Parlament de rechazar el 5 de noviembre las solicitudes de reconsideración de esa admisión a trámite, presentadas por PSC, Ciudadanos y PP.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que se plantea de nuevo al TC que anule esos dos acuerdos porque incumplen ya sentencias del tribunal de 2015 y 2018 que rechazan el derecho de autodeterminación y porque "desoyen" providencias del mismo Constitucional del 10 y 16 del pasado octubre, cuando anuló ya resoluciones del Parlament que insistían en la soberanía del pueblo catalán y en su derecho a la autodeterminación.
"El presidente del Parlament, el secretario general y el resto de miembros de la Mesa tenían pleno conocimiento de que con sus acuerdos estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional", ha afirmado la portavoz. El TC les ha apercibido ya de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pueden incurrir.
El Gobierno interpreta además que el Parlament pretende manifestar la "clara intención de continuar con el proceso secesionista, continuando así en su pretensión de lograr la independencia de Cataluña a través de un procedimiento unilateral".
SIN INTENCIONALIDAD POLÍTICA
El Ejecutivo vuelve a pedir la anulación de ambos acuerdos (admisión a trámite y rechazo de las advertencias de la oposición), y pide de nuevo que se dirija a los miembros de la Mesa para advertirles una vez de los riesgos que corren.
El ministro de Política Territorial, Manuel Planas, ha explicado que el Gobierno ha decidido actuar hoy porque hay ya providencias recientes del TC (10 y 16 de octubre) que a su juicio se incumplen con la admisión a debate de esa moción y se requiere "respeto" al papel del Tribunal de interpretar la Constitución. Fuentes del Gobierno han rechazado después ninguna intencionalidad política en haber tomado hoy esta decisión, a dos días de las elecciones.
Son ya diez los incidentes de ejecución de sentencia decididos por el Gobierno en cuatro Consejos de Ministros. Los tres primeros se decidieron el 4 de octubre contra la propuesta sobre la Cataluña real aprobada por el Parlament. El 11 de octubre se aprobó la presentación de otros dos, contra resoluciones aprobadas en el debate de política general del legislativo catalán. En ambos casos, se actuó contra propuestas aprobadas por el Parlament.
Los siguientes incidentes de ejecución se han decidido contra acuerdos de la Mesa del Parlament de aceptar a trámite varias iniciativas. El 31 de octubre, el Consejo de Ministros decidió plantear tres incidentes contra la admisión de una iniciativa de Junts, ERC y la CUP a favor del derecho de autodeterminación y contra la Monarquía, y contra el rechazo sin embargo de la petición de PSC, PP y Cs de que se rechazase esta tramitación. Los dos últimos son los incidentes decididos hoy.
RESOLUCIÓN DE PP, Cs Y VOX
Por otra parte, el Gobierno ha decidido este viernes encargar a los servicios jurídicos del Estado que estudien "si es susceptible de ser impugnada" ante el Tribunal Constitución la proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid por la mayoría de PP, Ciudadanos y Vox, a iniciativa de ésta última, que pide ilegalizar a los partidos independentistas que atenten contra la unidad de España.
La portavoz del Ejecutivo confirmaba y concretaba así el anuncio hecho horas antes en sendas entrevistas en radio y televisión por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ve en la resolución aprobada por la Asamblea de Madrid una "deriva bien peligrosa".
Celaá ha reivindicado que el Gobierno está dando el "mismo trato" al Parlament de Cataluña que a la Asamblea de Madrid cuando en estas cámaras se aprueban resoluciones que pueden estar excediendo el ámbito de sus competencias.
Preguntada si el Ejecutivo también estudió en su día si la resolución aprobada en enero pasado por el Parlamento de Extremadura, con el apoyo del PSOE, y que pedía aplicar en Cataluña un 155 firme y por el tiempo que fuese necesario excedía el ámbito de sus competencias, Celaá ha pasado la palabra al ministro de Política Territorial, Luis Planas.
Planas ha asegurado que el Ejecutivo, en aplicación del artículo 9 dela Constitución, analiza el conjunto de las decisiones de todos los órganos del Estado para ver si se ajustan a su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley porque de no ser así el Gobierno lleva a cabo las acciones legales que corresponda.
