El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado este miércoles el proceso de participación ciudadana del anteproyecto de ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural.
Según ha informado la Vicepresidencia regional en nota de prensa, el periodo para realizar las aportaciones al texto, que está previsto que llegue a las Cortes regionales antes de que finalice el año -con la intención de que la Ley pueda estar operativa en el 2021-, se extiende durante los próximos 15 días.
En este sentido, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha subrayado que este miércoles arranca la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana "desde la que cualquier ciudadano pueda hacer llegar sus aportaciones y sus sugerencias" al texto del borrador de la Ley contra la Despoblación.
En concreto, los ciudadanos podrán acceder al portal de participación desde la página de inicio del Gobierno autonómico y desde el portal de Transparencia, a través del que cualquier ciudadano, tanto a título personal o como representante de una asociación, entidad o plataforma, puede hacer sus aportaciones, para lo que es necesario que se registre de manera previa.
Una vez finalice proceso participativo, dentro de 15 días, se publicará un informe final con todas las aportaciones y aportaciones recibidas a lo largo de este periodo que irá acompañado de una valoración de las mismas.
Martínez Guijarro ha explicado que el objetivo es que la futura norma sea "muy consensuada social y políticamente" porque "tiene que articular medidas que se apliquen en el medio y largo plazo" a fin de que se garantice la prestación de servicios públicos en el medio rural.
Entre la batería de disposiciones que se está incorporando al borrador se contemplan medidas de discriminación positiva que favorezcan la generación de actividad económica y de empleo como una condición necesaria para que la gente pueda quedarse en los municipios.
A este respecto, el Ejecutivo castellanomanchego se ha marcado como finalidad que la norma sirva para resolver algunos de los "problemas estructurales" que tiene el medio rural en materia de telecomunicaciones y garantizar el acceso a las nuevas redes aprovechando la financiación europea que puede llegar en los próximos meses.
