Cataluña ha vivido una semana de alto voltaje judicial con resoluciones que determinarán el futuro procesal y político de algunos de sus principales líderes independentistas, de Oriol Junqueras a Carles Puigdemont, pasando por el presidente del Govern, Quim Torra.
Mientras que en Europa se reconocía la inmunidad como europarlamentario del líder de ERC, Oriol Junqueras -con las evidentes repercusiones en el expresident Carles Puigdemont-, en Barcelona se decretaba la inhabilitación de su sucesor por los lazos amarillos.
Y en Madrid, días antes, el Supremo anunciaba la recién estrenada investigación a la portavoz parlamentaria de su partido, JxCAT, Laura Borràs, por presunta prevaricación.
Decisiones de los tribunales -nacionales y supranacionales-, que, en vísperas de las vacaciones de Navidad, han ido soltando lastre con resoluciones que afectan de manera directa a los principales líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, y que han sido usadas por el independentismo, por una parte, como un balón de oxígeno y, por otra, como un nuevo ataque al secesionismo.
LA INMUNIDAD DE JUNQUERAS Y LOS EFECTOS EN PUIGDEMONT
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado esta semana la sorpresa al sentenciar que el exvicepresident debió haber gozado de inmunidad como eurodiputado desde el 13 de junio, cuando se proclamaron los resultados a los comicios europeos y un día después de que terminase el juicio del "procés".
Una sentencia que corrige al Supremo -que fue quien le planteó la duda- al indicar que debió excarcelarle para permitir que accediera a su acta y que, si quería mantenerle en prisión (entonces preventiva), debería haber pedido un suplicatorio (permiso) a la Cámara.
El TJUE se pronuncia sobre la prisión provisional de Junqueras y nada dice de su condena (13 años de prisión e inhabilitación), si bien el Supremo ya estudia qué pasos dar y ha pedido opinión a las partes. De momento, la Fiscalía -para quien nada ha cambiado- pide ejecutar su inhabilitación.
Pese a referirse a Junqueras, los primeros efectos del fallo han recaído en quien fuese su socio de gobierno, Puigdemont, huido en Bélgica y quien también obtuvo un escaño.
Un día después de la sentencia, el Parlamento europeo inició los trámites para reconocer miembros de pleno derecho a Puigdemont y a su exconseller Toni Comín, les levantó la prohibición de entrar a sus dependencias y les concedió una acreditación provisional.
Procesados en rebeldía, su situación es diferente a la de Junqueras, ya que no llegaron a ser juzgados, si bien están sujetos a una orden de detención y entrega. El tribunal belga que la examina pospuso su decisión a la espera de saber sobre su inmunidad.
El juez instructor del "procés", Pablo Llarena, también ha pedido informe a las partes antes de tomar una decisión, mientras el abogado del expresident le aconseja no venir a España por temor a ser detenido.
TORRA, INHABILITADO, SEGUIRÁ EN EL CARGO
Como era previsible (porque él mismo admitió la desobediencia), el president ha sido inhabilitado durante un año y medio por desobedecer a la máxima autoridad electoral y no descolgar los lazos amarillos de edificios públicos en periodo preelectoral.
Es la primera condena de un president en activo que, sin embargo, no implica el cese inmediato de Torra, dado que no es firme. No obstante no podría presentarse a unas eventuales elecciones porque se lo impide la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).
Por el momento, el PP ha pedido a la Junta Electoral de Barcelona que le retire la credencial como electo al Parlament. Torra tiene hasta el lunes para hacer alegaciones.
Torra, como otros dirigentes independentistas, ha rechazado una condena que -dice- recurrirá con la intención de llevar su caso hasta Europa, y tras conocerla, anunció que pedirá al Parlament que le ratifique en el cargo. El recurso lo presentará, precisamente, ante el Supremo.
LA VOZ DE JXCAT EN EL CONGRESO, INVESTIGADA
El caso de Laura Borràs ha llegado al Supremo y el tribunal se lo ha quedado. Ha abierto una causa a la diputada de máxima confianza de Puigdemont por presuntas irregularidades en la concesión a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017.
Independientemente de si el instructor asignado mueve ficha ya el año que viene, Borràs puede ir a declarar voluntariamente por estos hechos, que según el Supremo podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.
Lo más sonado de este caso han sido las conversaciones intervenidas al presunto colaborador de Borràs, Isaías Herrero, como una en la que comenta su relación con la diputada: "Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí".
MÁS ALLÁ DE LOS POLÍTICOS
Fuera de la esfera política, la Justicia ha seguido tramitando causas catalanas y el viernes dejó en libertad bajo fianza a tres miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo. El mismo día, un juez de Barcelona ordenó el cierre de una web abierta por la ANC para fomentar la compra a empresas afines al independentismo.
