El Gobierno ha fijado en 318,12 millones de euros el importe que el Estado debe pagar por el 'rescate' de la autopista de peaje AP-36 Ocaña-La Roda a la sociedad que construyó y explotaba la vía, y a sus acreedores, según informó el Ministerio de Transportes.
Así lo determina la fórmula que el Ejecutivo fijó para calcular la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que debe asumir tras quedarse con las nueve autopistas que quebraron durante la crisis, esto es, el importe que tiene que pagar a sus exconcesionarios por la inversión que realizaron en construirlas y no dio tiempo a recuperar.
Se trata de la segunda de las nueve autopistas quebradas y actualmente gestionadas por el Ministerio sobre la que el Gobierno calcula esta 'factura'.
La estimación se realiza después de que la efectuada para esa primera, la M-12 Eje Aeropuerto, arrojara que el importe a pagar por el Estado es de "cero euros".
En el caso de la AP-36 Ocaña-La Roda, la fórmula determina una RPA de 319,90 millones, de los que 309,22 millones corresponden a las obras realizadas y los otros 24,5 millones, a las expropiaciones.
No obstante, de esta cantidad, el Ejecutivo descuenta 11,64 millones por las inversiones que realizará en la autopista para mejorar su conservación y otros 2,20 millones por el ajuste a la baja realizado en las indemnizaciones pagadas a los expropiados.
Además, considera que debe retener 1,77 millones de euros más para hacer frente a futuros pagos aún pendientes por expropiaciones.
Así, el Departamento que dirige José Luis Ábalos determina que el importe final que el Estado debe pagar a la exconcesionaria y los acreedores de la AP-36 es de 318,12 millones de euros.
El Ministerio someterá ahora este cálculo y esta liquidación a un periodo de audiencia pública de quince días para que los interesados puedan realizar alegaciones.
El resto de autopistas 'rescatadas' sobre las que se sigue trabajando en determinar la RPA son las cuatro radiales de Madrid, la AP-41 Madrid-Toledo, la Circunvalación de Alicante y el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera.
ABOCADO A LOS TRIBUNALES
La liquidación de esta segunda vía está más en línea con el importe global de entre 1.200 y 2.000 millones de euros que los distintos últimos gobiernos han estimado que supondrá para las 'arcas públicas' la quiebra y 'rescate' de estas vías de pago.
No obstante, difiere a la estimación de unos 5.000 millones de euros que las concesionarias y las constructoras realizan sobre esta 'factura'.
De esta forma, pese a que en el caso de esta segunda autopista el Estado ya reconoce un coste que no asumía en la primera, se mantiene la previsión de que, en último término, la RPA de estas autopistas será determinada por los tribunales hacia los que desembocará el contencioso entre el sector y el Gobierno.
