La ministra de Educación, Isabel Celaá, asegura este domingo que la nueva ley educativa prima la filosofía hacia la equidad frente a la del elitismo de la actual norma, en tanto que considera una cuestión "nominalista" la polémica sobre el castellano y se muestra abierta a resolver las preocupaciones de los centros concertados.
En una entrevista con el diario El País, la ministra de Educación responde los puntos que han suscitado más críticas del proyecto de ley educativa LOMLOE, conocida como ley Celaá, aprobada el pasado jueves en el Congreso.
"La ley cambia la filosofía hacia la equidad. Impulsa la excelencia para que todos desarrollen su talento al máximo, más allá de sus condicionamientos de origen. La escuela tiene que recuperar su función de ascensor social", sostiene Celaá, frente a la actual norma, la LOMCE, que define como "elitista" al desarrollar el talento "de los que por así decirlo venían de casa con bastantes aptitudes para el estudio".
Sobre la preocupación de la concertada que precisamente este domingo se movilizan en toda España, la titular de Educación invita a la tranquilidad y se muestra preocupada por la campaña "dentro de los centros" de una parte de esta educación.
"Todo interés político ha de quedar fuera de los centros, y aquí se implica a menores. Estamos abiertos al diálogo y a resolver las preocupaciones de la concertada", asegura Celaá antes de explicar que la ley lo que hace es "retirar algunos excesos que se habían ido incorporando".
Y deja claro: "La concertada que cumple con sus fines sociales no tiene nada que temer. La desinformación que ha circulado sobre el cierre de los centros es una falsedad. Ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo por esta ley".
Celaá también hace hincapié en torno a la polémica sobre la desaparición del castellano como lengua vehicular. Recuerda que la ley lo que afirma es que "al final de la enseñanza obligatoria todos deben tener un pleno dominio del castellano y las lenguas cooficiales" y que para ello los centros tendrán que adoptar medidas.
"Creo que es una polémica nominalista. En la legislación educativa el término vehicular aparece en 2013, con la LOMCE (...) Reducido al absurdo: desde 1978 y hasta el año 2013, el castellano no habría sido vehicular", opina.
También es preguntada la ministra por los centros de educación especial, que niega vayan a desaparecer.
Celaá garantiza que se contará con la opinión de las familias para destinar a sus hijos a un centro de educación especial, pero reitera que España tiene condenas de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU por falta de recursos en centros ordinarios para la escolarización de alumnos con discapacidad.
CUMPLIR EL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN
Al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado necesaria la reforma educativa impulsada por el Ejecutivo frente a las protestas de que ha sido objeto este domingo, y ha esgrimido la Constitución ante las críticas a la eliminación en ella del castellano como lengua vehicular.
Sánchez ha sido preguntado por esas protestas contra la nueva reforma educativa, conocida como "ley Celáa", en la conferencia de prensa que ha ofrecida al término de la cumbre telemática de los líderes del G20.
El jefe del Ejecutivo no se ha referido en ningún momento de forma explícita a las movilizaciones de esta jornada, pero ha subrayado que es evidente que España necesitaba modernizar y reformar su sistema educativo.
Eso es lo que asegura que hace la ley impulsada por el Gobierno y que ha recordado que ha sido refrendada por mayoría absoluta en el Congreso.
Tras señalar que la vigente hasta ahora solo fue apoyada por la mayoría absoluta con la que contaba el PP en su momento, ha insistido en que va a haber más modificaciones relacionadas con el ámbito educativo.
Así, ha repetido, tal y como avanzó el pasado viernes en La Rioja, que se aprobará una nueva ley de formación profesional para consolidar la de carácter dual, que ha dicho que está infradesarrollada en España.
Lo que queremos es modernizar y garantizar la equidad y la excelencia en nuestro sistema educativo", ha añadido.
Respecto a las críticas relativas a la eliminación del castellano como lengua vehicular, se ha remitido al artículo 3 de la Constitución y al cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa.
Lo que se hace es garantizar en aquellos territorios donde no sólo se habla castellano, el que los estudiantes puedan aprender esos otros idiomas", ha añadido.
Ha recalcado, asimismo, que el Gobierno considera que la pluralidad lingüística es un enorme activo para la sociedad española y, por ello, la nueva ley cumple el mandato constitucional de garantizar la enseñanza, la educación y el aprendizaje de las lenguas cooficiales.
