Escribo en plena efervescencia del ruido ambiental generado por el choque deportivo del Barça y el Real Madrid en el Nou Camp de Barcelona. Mal rollo, señores.
Cuando un partido de fútbol se convierte en uno de los grandes sensores de la política nacional es que algo no va bien. Encaja en el mal de mayor cuantía que conste en pelear con la insoportable sensación de que la gobernabilidad del Estado y la estabilidad de España, hoy por hoy, están en manos de quienes quieren reventar el Estado y desestabilizar España.
Así se entiende el malestar de los defensores de la Constitución, por la irrupción en la vida política de tantos representantes populares de declarada aversión al "régimen" del 78. No solo los nacionalistas catalanes y vascos. También los populistas de izquierdas (UP) y de derechas (Vox), que completan una suma de diputados superior al tercio de nuestra Cámara Baja. Véase la composición de la Mesa, en la que cuatro de sus nueve miembros son de dudosa adhesión al vigente orden constitucional. De lo cual se infiere una deseable complicidad entre los tres del PSOE y los dos del PP, que son los dos pilares básicos del vigente orden constitucional.
Deseable, sí, pero inexistente. Y ese es el riesgo político que ambos corren en la delicada conjugación del interés general con sus respectivos intereses de partido. Porque, como en un partido de fútbol, tan malo es pasarse en ataque descuidando la defensa como pasarse en defensa descuidando el ataque.
El secreto, como en tantas cosas, está en lograr el equilibrio entre los dos vectores. Aquí y ahora la carga de la prueba por saber si lo está consiguiendo recae básicamente sobre el PSOE, por ser el partido ganador de las elecciones y titular del Poder Ejecutivo. De momento, en funciones.
Es el caso que para ganarse el derecho a salir de la interinidad está haciendo depender la investidura de los 13 diputados de ERC. O sea, de una fuerza política que propugna la segregación de una parte del territorio nacional. Por tanto, muchos españoles tenemos la perturbadora sensación de que su eventual complicidad en el empoderamiento socialista tendrá un precio relacionado con el mencionado objetivo político de un partido independentista. Así que tenemos la apremiante necesidad de confiar en la sinceridad de Pedro Sánchez cuando se declara atado al palo mayor de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dicho que lo que puede concederse a cambio de la contribución de ERC en la investidura siempre estará dentro de lo posible y será "razonable, democrático y legal". Queremos creerlo, necesitamos creerlo.
