El Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real) ha despedido a once empleadas municipales del Servicio de Ayuda a Domicilio pese a una sentencia, del pasado 22 de junio, en la que el Juzgado de lo Social nº 3 de Ciudad Real declaró "improcedente" el despido.
Así lo ha denunciado la Federación de Empleados y Empleadas Públicos (FeSP) de UGT Ciudad Real en una nota de prensa en la que ha explicado que el Ayuntamiento podía elegir entre admitir o indemnizar a las afectadas.
Ante esta decisión, el secretario provincial de la FeSP, Javier Román, ha pedido a la alcaldesa del municipio, Inmaculada Jiménez, que "reflexione para que revierta la situación y readmita a las trabajadoras, que lo único que han hecho ha sido reclamar sus legítimos derechos".
Román, en todo caso, ha matizado que UGT conoce la situación de precariedad laboral en la que se encuentra el colectivo, heredada del anterior Gobierno municipal del PP, pero ha considerado que "ello no es impedimento para que el actual Gobierno socialista estabilice un servicio que se encuentra en precario".
El dirigente sindical ha recordado que el Ayuntamiento de Tomelloso cerró el presupuesto de 2017 con superávit, lo que, a su juicio, "debería servir para valorar adecuadamente la labor que realizan las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio, ya que si lo comparamos con otros servicios del Ayuntamiento es de los que más temporalidad y brecha salarial alberga", ha aseverado.
Ha explicado que en la actualidad el servicio cuenta con 34 puestos de trabajo de los cuales diez están cubiertos con trabajadoras indefinidas, a las que se les reconvirtió el contrato temporal en diciembre de 2016, "algo que se ha podía haber hecho con estas trabajadoras, que se encontraban en la misma situación".
La única diferencia, a juicio de Román, es que "por un cambio legislativo del PP, con la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2017, ya no se puede hacer la reconversión si no es a través de la vía judicial y, ante la negativa del equipo de Gobierno actual a convertir sus contratos en indefinidos antes de entrar en vigor la Ley, no se ha tenido otra opción que recurrirla".
Asimismo, ha estimado que, pese a que se readmitiera a estas once trabajadoras, ocuparían un total de 22 puestos de trabajo, “muy alejados de los 34 puestos previstos en plantilla", ha mantenido.
De esta forma, la situación generada "no dejará otra opción al Consistorio que recurrir la contratación temporal de seis meses, dándose la incongruencia de que serán probablemente las mismas trabajadoras despedidas, algunas de las cuales llevan más de 20 años prestando sus servicios, las que vuelvan a ser contratadas a través de una bolsa de trabajo a la que se les obliga a presentarse año tras año".
Por último, Javier Román ha recordado que la semana pasada, coincidiendo con la aprobación en el Congreso de los Diputados de La Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, UGT valoró positivamente que el Gobierno de España realizara el anuncio de traspasar las competencias de la Ayuda a Domicilio a las entidades locales.
El responsable provincial ha valorado este traspaso de competencias, "ya que de las administraciones locales se encuentran más saneadas económicamente que las comunidades autónomas, lo que debería ayudar para que este colectivo mejore sus condiciones laborales", ha concluido.
