Denuncian que Junta obliga a docentes embarazadas a reincorporarse a clases

CSIF ha exigido a la Administración regional que reconsidere su postura y reelabore el protocolo para personal vulnerable frente a la COVID-19

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Consejería de Educación está obligando a incorporarse presencialmente a las docentes embarazadas, cuando son un personal vulnerable frente a la COVID-19 por riesgo para el embarazo.

En un comunicado de prensa difundido este viernes, el sindicato ha exigido a la Administración regional que reconsidere su postura y reelabore el protocolo para personal vulnerable frente a la COVID-19.

CSIF ha explicado que las docentes embarazadas eran las únicas trabajadoras catalogadas como vulnerables a las que se les permitía teletrabajar, pero el protocolo dictamina que deben realizarse una prueba serológica y, si reciben un resultado negativo, pueden retornar a las aulas con una mascarilla FPP2.

La central sindical ha señalado que si hasta el momento las embarazadas han desarrollado su labor en el tercer escenario planteado por Educación, el telemático, no tiene sentido ahora que regresen a las aulas con el consiguiente riesgo que supone la posible exposición del coronavirus.

Es más, la Consejería plantea tres modelos enfocados a la evolución de la pandemia con la intención de proteger a los alumnos (presencial, semipresencial y telemático), pero no se plantea la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas.

Junto con las embarazadas, CSIF considera que la Consejería de Educación está actuando negligentemente con el personal vulnerable, como personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa, insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, mayores de 60 años u obesidad mórbida, que continúan con su labor presencial a la espera de la adaptación de sus puestos de trabajo.

Y considera que esta situación se produce ante la falta de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio, lo que conlleva que este personal sea atendido por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Sescam, suponiendo un retraso en la atención asistencial al no tener personal suficiente para abordar todos los casos.

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