La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado a cabo un balance negativo sobre la seguridad y cuidados de la salud que reciben los empleados públicos de la región. CSIF considera que, tras 24 años de la creación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha conseguido eliminar las estadísticas de siniestralidad.
Según ha informado CSIF en nota de prensa, la Central Sindical ha solicitado en diversas ocasiones a lo largo de estos años reuniones con el director general de Función Pública, José Narváez, para trasladarle distintas soluciones, "sin que este haya accedido a reunirse", por lo que el pasado día 10 de diciembre, en el seno del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, CSIF expuso "un minucioso análisis de las causas que evidencian el desacierto de la Administración regional en esta materia".
CSIF cree necesario articular las acciones que sean necesarias para que exista un presupuesto específico para aumentar el número de recursos humanos de los servicios de prevención de riesgos laborales que atienden a los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que en la actualidad "están sobresaturados y por ello son inoperativos", pues la media de trabajadores atendidos por cada unidad de prevención es de 7.000 cuando la ratio que atendían antes del 2014 era de unos 2.500 empleados.
Este presupuesto también tiene como fin que cada responsable de garantizar la seguridad y salud de los empleados públicos puedan cumplir con las medidas de prevención de riesgos laborales que se dictan en las evaluaciones de riegos laborales que se han realizado, "pues en la actualidad muchas medidas no se llevan a cabo por falta de presupuesto", lo que "pone en peligro no solo la salud de los trabajadores, sino la de los pacientes y ciudadanos que usan los servicios públicos de la región".
"DESORGANIZACIÓN Y APATÍA"
CSIF ha considerado que existe una "desorganización" en la salud laboral de la región. "En la actualidad la asistencia en materia de prevención de riesgos laborales se articula como un único servicio que posee diversos planes de prevención, los cuales se encuentran desfasados al datar del año 2003", ha explicado. Además, ha incidido en que al frente del servicio de la prevención existen dos coordinaciones de prevención que trabajan con distintos procedimientos de trabajo.
Por ello, CSIF ha planteado la necesidad de que "se parta de cero, se elabore y actualice un Plan General específico de Prevención para sanidad, educación y función pública y que cuente con la ayuda de los miembros de los servicios de prevención y las organizaciones sindicales".
CSIF ha opinado que los actuales representantes de la Administración en los comités regionales de prevención "no son operativos", desconociendo si los servicios están sobresaturados y no poseen capacidad para ayudar a implantar la salud laboral de los empleados públicos.
PRIVATIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Por otra parte, la Central Sindical ha vuelto a solicitar que se rescinda el contrato que posee el Gobierno regional con la mutua accidentes de trabajo y enfermedades profesionales "tras las muchas quejas que dan los empleados públicos frente al mal servicio y atención que se le presta fruto de la falta de medios e incapacidad para dar un tratamiento de calidad".
CSIF ha propuesto como solución que la asistencia sanitaria sea asumida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), siendo posible con el incremento de la propia plantilla del Servicio de Salud, "lo que supondría un ahorro para las instituciones públicas y una mejora muy considerable en la calidad asistencial que recibirían los empleados de la región, tal y como se hacía antes del Gobierno de María Dolores de Cospedal".
CSIF ha finalizado deseando suerte al Gobierno regional para que el próximo 2020 se reduzca la siniestralidad laboral en la Comunidad Autónoma y por ello le ha brindado su "ayuda y experiencia".
