El 99 por ciento de los jueces dicen sentirse totalmente independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional y casi el 90 por ciento sostiene que los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos complejos en lugar de alcanzar pactos.
Estos son algunos de los resultados de la encuesta publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y realizada por Metroscopia entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces y magistrados en activo, casi un 20 por ciento de la carrera.
El 90 por ciento afirma no haber recibido nunca indicaciones o sugerencias sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, de las comunidades autónomas o del CGPJ, y el 88 por ciento tampoco de partidos políticos, de otros jueces o de grupos de presión económicos o sociales.
El porcentaje desciende hasta el 72 por ciento cuando la pregunta se refiere a la presión mediática y un 9 por ciento responde que "con frecuencia" se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría, el 84 por ciento, piensa que no reflejan adecuadamente el quehacer judicial.
Pero el 84 por ciento de los integrantes de la carrera judicial dicen que a la hora de dictar sentencia nunca (32 por ciento) o raramente (52 por ciento) tienen en cuenta las presiones que pudieran llegarles.
La encuesta revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial, que se manifiesta en un apoyo mayoritario, del 90 por ciento, a que los doce vocales del turno judicial del CGPJ vuelvan a ser designados por elección directa por parte de jueces y magistrados y no por las Cortes.
La mayoría cree que el juicio a los acusados por el proceso de independencia de Cataluña en el Tribunal Supremo ha reforzado la imagen de la justicia en España (68 por ciento) y en Europa (59 por ciento).
El estudio refleja que los jueces tienen una percepción muy positiva de la justicia en España, que consideran independiente del poder político pese a que el 83 por ciento cree que todos los gobiernos, sea cual sea su ideología, muestra más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz.
El 90 por ciento cree necesario un nuevo pacto de Estado por la justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento.
Los jueces también respaldan, con un 68 por ciento, reformas para restringir el ejercicio de la acción popular o prohibir que los partidos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción.
Menos apoyo encuentra la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones en combinación con un juez de garantías pues solo el 41 por ciento se muestra a favor mientras que el 55 por ciento está en contra.
Pese a que el 94 por ciento de los encuestados considera que la función de juzgar es ahora más compleja que nunca una gran mayoría, el 79 por ciento, se siente satisfecho con su trabajo como juez y prácticamente el mismo porcentaje cree que su capacidad profesional es similar o superior a la de sus colegas de la Unión Europea.
Son más las opiniones positivas (49 por ciento) que negativas (42 por ciento) cuando los encuestados son preguntados acerca de si durante el actual mandato el CGPJ ha proporcionado el apoyo necesario a los jueces objeto de acoso por parte de los medios de comunicación o de instancias políticas.
Sin embargo la mayoría (54 frente a 43 por ciento) considera que el CGPJ no ha transmitido una imagen de independencia de la justicia española o realizado nombramientos atendiendo exclusivamente a criterios de mérito y capacidad (48 frente al 42 por ciento).
ACCIONES CONTRA LA PROPUESTA DE REFORMA DEL CGPJ
Por otra parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha anunciado que, de salir adelante, ejercitará "acciones" y "medidas de presión" contra la proposición del PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos pretende renovar a doce vocales del CGPJ, cuyo mandato expiró hace casi dos años, a través de una rebaja del umbral de la mayoría parlamentaria necesaria para que dicha renovación salga adelante aunque no cuente con los votos del PP y salvar así el bloqueo.
En un comunicado, la APM informa de que su comité ejecutivo nacional ha adoptado este viernes dicho acuerdo "ante la gravedad extrema de los acontecimientos acaecidos en los últimos días".
Para la APM, "la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende el Gobierno al mantener el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por el Parlamento y reducir la mayoría necesaria resulta manifiestamente contraria a la letra y al espíritu del artículo 122.3 de la Constitución Española".
Al respecto advierte de que la proposición de PSOE y Unidas Podemos "anula las cautelas señaladas por el Constitucional para evitar la colonización del órgano de gobierno de los jueces por los partidos".
"La reforma abre la puerta a la definitiva politización del CGPJ y lo inhabilita para el ejercicio de su función constitucional de garantizar la independencia de los jueces y por tanto el régimen de frenos, pesos y contrapesos sobre el que se sustenta el Estado de derecho y en definitiva la democracia", añade.
Por todo ello, la APM anuncia que "desde el compromiso inquebrantable con la Constitución" ejercitará "las acciones necesarias a nivel interno e internacional y acudirá a los órganos nacionales y europeos para salvaguardar nuestro Estado de derecho".
"Si lo que hoy es una proposición de ley llega a aprobarse en las Cortes Generales adoptaremos todas aquellas medidas de presión que están a nuestro alcance, sin descartar ninguna", concluye.
Mientras tanto, la APM y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han anunciado en un comunicado conjunto que no acudirán a ninguna de las reuniones de seguimiento convocadas por el Ministerio de Justicia en tanto en cuanto se mantenga el proyecto del CGPJ que "ataca la independencia judicial y nos sitúa fuera de los estándares europeos".
De esta forma se han desmarcado de la convocatoria formulada este mismo viernes por el Ministerio para tres reuniones con las asociaciones judiciales los próximos 19, 20 y 27 de octubre.
Una medida que no respalda la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI) que la considera "un gesto vacío de contenido que únicamente afectaría a los ciudadanos destinatarios de los proyectos ministeriales".
Foro Judicial, por el contrario, ha solicitado a las restantes asociaciones judiciales que propongan la retirada de candidatos al CGPJ por ser "el único gesto que está a la altura del desafío de la reforma" y "siguiendo el ejemplo" del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena.
"Los acontecimientos producidos durante estos dos años (mensaje del senador Cosidó revelando el reparto del poder judicial por cuotas, presiones para que el consejo no cumpla con su cometido, paralización de los nombramientos, y reforma del sistema que aumenta la dependencia de la mayoría parlamentaria) no han hecho sino ratificar la oportunidad y subrayar la importancia moral de aquel gesto", señala la asociación en un comunicado.
Por eso creen que la respuesta al plan del Gobierno es que "los jueces deben renunciar a participar en el reparto político del poder judicial".
