El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado los trabajos para actualizar las condiciones mínimas de calidad en las residencias de mayores de la región, que concluirán con la aprobación de una norma con rango de Decreto, una vez estudiadas las necesidades actuales de dichos recursos.
Así lo ha manifestado la titular de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, tras las mesas de seguimiento del Pacto para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha post COVID-19, que se han celebrado este miércoles junto al PSOE y Ciudadanos, ha informado la Consejería en una nota de prensa.
En el primero de estos encuentros, en el que Sánchez ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la atención a las personas mayores, se ha abordado la actualización de la normativa referida a las condiciones mínimas de los centros residenciales.
La consejera ha explicado que el objetivo es asegurar un adecuado nivel de calidad en la prestación de los servicios destinados a los usuarios.
La titular de Bienestar Social ha dado cuenta de los resultados obtenidos por el grupo de trabajo, constituido para llevar a cabo la actualización de la regulación actual para adecuarla a los tiempos y a las necesidades que se han detectado, con mayor intensidad a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Se trata del desarrollo reglamentario de la Ley 14/2010, de Servicios Sociales, que debe integrar también criterios plasmados en los acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que necesitan su implantación normativa en la comunidad autónoma.
Por otra parte, durante el segundo encuentro se ha tratado la implantación del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha y su relación con el sistema de protección social de la región.
Su finalidad, como ha recordado Sánchez, es intensificar la protección social de las personas y las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social, aportándoles apoyo económico para que puedan atender sus necesidades básicas.
Según la consejera, con estas reuniones se cumple con el objetivo de seguir desarrollando los contenidos del Pacto por la Recuperación Económica y Social, "que permitirán recuperar la normalidad y reforzar los servicios públicos", ha aseverado.
