El Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos se ha quedado solo en defensa del decreto de los remanentes municipales y ha visto como una mayoría de 16 formaciones políticas, casi 200 votos, se lo ha derogado, en la que ha sido su primera gran derrota en el Congreso.
Un total de 193 noes han provocado este revés parlamentario, a un mes de la previsible llegada a la Cámara del proyecto de presupuestos de 2021.
No es la primera derrota en el Congreso del Gobierno de Pedro Sánchez, pues en julio el PSOE y Unidas Podemos no pudieron sacar adelante las conclusiones sociales del texto por la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus.
Pero lo que los grupos parlamentarios han votado este jueves, pasadas las 14.00 horas, ha sido la derogación de un decreto ley, es decir, su anulación.
La derrota política es "histórica", en opinión del líder del PP, Pablo Casado, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que el varapalo desgaste al Gobierno. En todo caso desgastará a los ayuntamientos, ha dicho, porque se van a quedar sin recursos financieros adicionales para hacer frente a la crisis que se avecina.
Tal y como ella misma ha explicado en el Congreso, el texto proponía un mecanismo voluntario de acceso a los remanentes que los ayuntamientos han ido acumulando durante los últimos años y que no han podido ni siquiera tocar para evitar incurrir en déficit, pues lo impiden la Constitución y la ley de estabilidad presupuestaria.
Para movilizar ese dinero, el Gobierno ponía a disposición de las entidades locales un fondo de 5.000 millones, aunque con un criterio de reparto tremendamente discutido.
Una mayoría de alcaldes, entre ellos los de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, aunque sin obviar Bilbao, que gobierna el PNV; Lleida, que rige ERC; Reus (Tarragona), de JxCat; o Cádiz, de Podemos, habían denunciado en varias ocasiones, antes del debate de este jueves, que el decreto no les gustaba nada.
La dimensión del rechazo era tal en el Congreso, como pudo constatar hace diez días la propia Montero cuando fue a explicar la norma en la Comisión de Hacienda, que el PSOE y Podemos iniciaron un proceso de negociación que se ha alargado hasta la madrugada de ayer miércoles.
A varias bandas, en especial con el PNV y con ERC, aunque también con tanteos a Cs, Más País, Compromís o BNG, el Gobierno intentó una solución "in extremis": ofreció repartir el fondo de 5.000 millones de forma que un 60 por ciento se ajustara al criterio de población y el resto, a los remanentes.
Como han recordado a Efe fuentes parlamentarias, el planteamiento logró que En Comú Podem, la confluencia catalana de Unidas Podemos, siglas de Ada Colau, entrara en el acuerdo antes de medianoche. El PSOE procuró atraer a más partidos, aunque en balde.
Atrajo a Teruel Existe, y así, su diputado Tomás Guitarte, ha votado a favor y se ha sumado a los 155 síes del PSOE y de Unidas Podemos.
Fuentes de la plataforma turolense, sin embargo, han indicado a Efe que, de haber sabido el desenlace, se habría abstenido.
Durante la noche y durante primeras horas de la madrugada, según la versión de fuentes que han estado negociando, los partidos fueron transmitiendo al Gobierno su decisión: en contra.
Cuando Montero entraba en el Congreso poco antes de las 9.00 horas para defender en el pleno el decreto, ya sabía que difícilmente sería avalado.
Aunque dijo en varias ocasiones que hasta el momento de la votación había que esperar, la posición de los partidos era firme, porque ya se la habían comunicado a los poco más de 200 diputados que han votado telemáticamente.
En el PP también se daba por hecho el varapalo al Gobierno, aunque en público no lo dijeran. A unos minutos de que comenzara el pleno, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, artífice de la rebelión en el seno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), pidió a Hacienda que no se tomara una revancha si el decreto no salía.
Pablo Casado, además, ha estado presente en el pleno durante el debate; acabada la sesión, se ha congratulado de la votación.
El debate ha estado marcado por la dureza de las réplicas entre la ministra y el portavoz del PP en esta materia, Antonio González Terol.
Como él, los demás portavoces han solicitado a Montero que lleve al Congreso otro decreto, u otra propuesta, pero se ha negado.
La derogación es un "grave contratiempo" para los consistorios, ha apuntado, pero no habrá "segunda oportunidad".
Con todo, la ministra ha hecho autocrítica. Para "la próxima ocasión" hablarán con la FEMP, pero también con los grupos, antes de trasladar a la oposición una norma.
No lo hizo con el decreto ley de los remanentes y este jueves ha visto el resultado. Es el quinto decreto ley de la democracia que es derogado.
