La central sindical CSIF, mayoritaria en la función pública en Castilla-La Mancha, va a poner en marcha una Oficina de Defensa del Empleado Público (ODEP) en esta región, la primera en España, para apoyar al empleado ante situaciones de acoso laboral o agresiones desde las vertientes jurídica, psico-social y preventiva.
Así lo ha dado a conocer este lunes en una rueda de prensa en Toledo el presidente regional de CSIF, Julio Retamosa, que ha explicado que esta nueva herramienta, además de proteger contra la violencia en el trabajo, tendrá más cometidos, como la defensa jurídica del trabajador en caso de denuncias de irregularidades, hechos fraudulentos o corrupción por parte de la Administración.
Retamosa ha hecho especial énfasis en la elevada incidencia de agresiones registradas en los ámbitos sanitario y educativo y ha citado el dato reconocido por el propio Sescam de que en, en lo que va de año, se han registrado 356 agresiones, 22 de ellas graves y 7 que están en los juzgados.
El responsable regional de CSIF ha remarcado que estos 356 casos se traducen en "más de una agresión al día", situación extensiva también al ámbito educativo, donde alrededor del 70 por ciento del profesorado reconoce que ha perdido autoridad.
Estos datos y la "situación de indefensión" en que se encuentran estos profesionales, la cual lleva aparejada problemas físicos y psíquicos, como estrés, ansiedad y depresión, constituyen, a juicio de CSIF, "una razón suficiente" para que la Junta de Comunidades tuviera su propia Oficina de Defensa del Empleado Público, ya que es a ella a quien corresponde "cuidar de la salud y la seguridad".
Y ha agregado que, al no ser así, "nos hemos visto obligados a dar este paso al considerar que los empleados públicos de Castilla-La Mancha no cuentan con un portal eficaz para resolver dudas y se sienten indefensos cuando surge un problema.
"La violencia en el trabajo no es ninguna broma, con la violencia perdemos todos", ha sentenciado Retamosa, quien ha agregado que "la seguridad es vital, pero también es crucial que el agredido no se sienta solo y que todo el peso de la ley caiga sobre el agresor".
Dicho esto, ha pedido un mayor presupuesto público para hacer frente a estas situaciones, así como la elaboración de "un mapa de riesgos de puntos calientes de violencia".
En cuanto al otro cometido principal de la ODEP, la defensa jurídica y protección del trabajador en caso de denuncias de irregularidades, hechos fraudulentos o corrupción por parte de la administración, Retamosa ha significado que lo que se pretende es que el denunciante de estas situaciones "no acabe convirtiéndose en víctima".
Y ha ironizado con que, dentro de este apartado, podría incluirse la denuncia por la subvención de 17 millones de euros concedida por la Junta a CCOO y UGT y a la patronal Cecam, sobre lo que ha precisado que "corrupción no es, pero sí una inmoralidad; inmoralidad y clientelismo", ha remarcado.
Por su parte, el responsable regional de los servicios jurídicos de CSIF, Antonio Esteban, ha avanzado que otras funciones de la ODEP consistirán en actuaciones de mediación, a cuyo fin se ha puesto a disposición de los empleados públicos la figura de un denominado "agente mediador entre el trabajador y la Administración".
Con este recurso, se pretende dar respuesta a los conflictos entre Administración y empleados públicos, en el caso de discrepancias, falta de entendimiento y conflictos laborales que puedan concurrir, como es la encomienda de tareas a los servidores públicos que excedan de la labor original del puesto de trabajo.
Esteban ha concluido que a los servicios de la ODEP, de carácter gratuito, pueden acceder también los trabajadores de la empresa privada.
