El Gobierno ha acordado no permitir los despidos que aleguen causas relacionadas con el COVID-19 y controlar más las causas alegadas en los miles de ERTE aplicados estas semanas con sanciones para las empresas que hagan un mal uso.
"No se puede utilizar el COVID-19 para despedir", ha señalado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la comparecencia tras un Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un nuevo paquete de medidas laborales, entre las que está "no considerar justificado el despido" por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor relacionadas con esta crisis.
"Hemos puesto los mecanismo legales y los recursos públicos necesarios para que se pueda acudir al Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), no es necesario despedir a nadie en nuestro país", ha subrayado Díaz.
Así, y a la espera de conocer más detalles con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cambio legal introducido por el Gobierno para los despidos se ceñiría a los despidos objetivos, con 20 días de indemnización, y no a los disciplinarios. Tampoco tendría efectos retroactivos.
Díaz ha recordado también que el Gobierno no entra en la calificación posterior que los jueces hacen de un despido si el trabajador decide demandar y que es donde se dirime si es procedente, improcedente o nulo.
"No confundamos las causas de los despidos con la calificación que lo jueces harán o no", ha expuesto.
Cabe recordar al respecto que en la crisis de 2008, y precisamente para evitar los procesos judiciales, muchas empresas optaron por echar a trabajadores reconociendo que se trataba de un despido improcedente y abonando la indemnización correspondiente, lo que se dio en llamar "el despido exprés".
Junto con la prohibición del despido objetivo, reclamado por los sindicatos, el Gobierno ha acordado este viernes un mayor control de los ERTE a los que están acudiendo miles de empresas y ha señalado que habrá sanciones si se hace un mal uso con la devolución además de las cuantías recibidas en forma de bonificación de las cuotas a la Seguridad Social.
"Vamos a revisar de oficio todos y cada unos de los ERTE que ahora mismo se están aprobando, todos y cada uno de ellos. En caso de que observásemos algún tipo de fraude, las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluida la prestación del trabajador", ha subrayado Díaz.
Asimismo, el Gobierno ha acordado que los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, se mantengan hasta que concluya la crisis sanitaria.
Es decir, que no cuente el tiempo en el que la empresa tenga parada la actividad y puedan alcanzar su duración máxima efectiva cuando pase esta situación.
"No hay que extinguir los contratos temporales, estos se interrumpen y continuarán cuando pasemos la crisis sanitaria", ha añadido.
También se han concretado los mecanismos para que la prestación de desempleo se solicite directamente por parte del empresario que ha pedido el ERTE, lo que agilizará los trámites para que los trabajadores puedan cobrar cuanto antes.
Para ello, se habilitará un formulario que cumplimentarán las empresas con datos de los trabajadores y mandarán al SEPE, que ha reforzado en 1.000 personas su plantilla.
"Vamos a reconocer las prestaciones por desempleo con mucha rapidez", ha afirmado Díaz, que ha recordado que tienen derecho a esta prestación incluso quienes no hayan cotizado los suficiente y que se pondrá el contador a cero después.
"Se van a pagar el 10 de abril", ha asegurado.
Los sindicatos UGT y CCOO, que ayer cifraron en un millón los despidos este mes de marzo y en más de un millón los afectados por ERTE, han valorado las medidas, en línea con sus reclamaciones, y han pedido seguir extremando la protección a los trabajadores en esta crisis.
Desde CEOE y CEPYME han considerado que las nuevas medidas "van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo".
