El Juzgado de lo Social ha condenado por cesión ilegal de trabajadores a la cementera LafargeHolcim España y a su contrata Acciona Facility Services y ha reconocido el derecho de los diez afectados a incorporarse a la plantilla de la empresa principal como personal indefinido y con la correspondiente antigüedad.
Así consta en la sentencia, consultada por Efe, que señala que "la contratación de los trabajadores con la mercantil empleadora ha sido un mero negocio interpositorio, que constituye una cesión ilegal de mano de obra prevista en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores".
Artículo, según el cual, "la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establecen".
Además, la cementera y la contrata deberán pagar mancomunadamente a cada uno de los empleados las diferencias salariales entre lo que les pagó en el último año Acciona Facility Services (AFS) y lo que les debiera haber pagado LafargeHolcim, de acuerdo con su convenio colectivo.
Las cantidades oscilan entre los 4.000 y los 27.000 euros, con una media de 16.800, ha explicado CCOO en una nota de prensa, en la que también ha destacado que, en total, sólo el año pasado la cementera "se ahorró" 168.016 euros en los salarios de esta decena de trabajadores.
El sindicato ha considerado que la sentencia, que puede ser recurrida en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, es "fundamentada y justa" y ha reclamado que se acometa "ya" su ejecución provisional para que los empleados no tengan que esperar más tiempo para incorporarse a la plantilla de la empresa principal.
CCOO ha explicado que todos ellos venían prestando servicios desde hace años en la fábrica de cemento que LafargeHolcim tiene en Villaluenga de la Sagra (Toledo), donde la multinacional franco-suiza subcontrató en 2010 el servicio de gestión integral del área de expediciones-outsourcing con la empresa Ramel, que en 2015 dio origen a AFS.
Ha indicado que, según la sentencia, "en la anualidad 2010/2011, los trabajadores de Acciona fueron sustituyendo paulatinamente a los que prestaban servicios por cuenta de Lafarge en el departamento de expediciones, empleados éstos que formaron a los de la contrata".
Además, los demandantes, "desde el inicio de la prestación de sus servicios, sin ningún tipo de prueba en contrario, pasan a formar parte de la propia estructura organizativa de la empresa LafargeHolcim, siendo la razón de su ingreso en la empresa la sustitución de los trabajadores de la misma, que desempeñaban las mismas funcionas hasta entonces".
A partir del informe emitido en enero de 2019 por la Inspección de Trabajo a instancias de CCOO, la magistrada considera probado que "toda la actividad desarrollada por los demandantes era dirigida de facto por el responsable de expediciones de la empresa principal, del cual todos los trabajadores de AFS (incluido el jefe de equipo) recibían instrucciones sobre el trabajo a realizar y al que reportaban el resultado de dicho trabajo".
A su juicio, esta sentencia deja claro que, con la cesión ilegal de trabajadores, las empresas degradan las condiciones laborales y recortan las garantías y los derechos de los empleados, además de sus salarios, al tiempo que supone un fraude a la Seguridad Social.
CCOO ha hecho hincapié en que a los afectados "les cambiará la vida", ya que "van a ver prácticamente duplicados sus salarios mileuristas y dignificadas sus condiciones laborales", ha valorado el sindicato.
