El debate abierto por Vox sobre la instauración del pin parental para asistir a actividades de educación afectivo-sexual y el intento de elaborar leyes Lgtbi que "suponen un recorte de derechos" han reactivado las protestas del colectivo, que advierte de que no dará "ni un paso atrás".
"Imposición de moral" o "corrupción de menores" son algunos de los términos que ha usado Vox para criticar la educación en diversidad afectivo-sexual impartida en centros educativos por asociaciones Lgtbi, por lo que han demandado que se establezca una "autorización expresa de las familias para que sus hijos participen en ellas".
Esta autorización fue una de las condiciones que puso la formación de extrema derecha en la comunidad murciana para apoyar la investidura de Fernando López Miras como presidente, amparándose en la "libertad paterna para educar a sus hijos según sus convicciones".
La exigencia fue incluida en una instrucción de la consejería de Educación y Cultura a los centros educativos y que, según organizaciones Lgtbi y sindicatos como Sterm y CCOO, se contradice con los decretos que regulan los currículos de primaria y secundaria, normas de rango superior.
Sin embargo, la consejera, Esperanza Moreno (PP), ha negado el conflicto entre esta orden y otros principios legales, y ha detallado que el permiso solo será necesario si las actividades las imparten personas ajenas al centro educativo.
Desde la asociación "No te prives", su presidente, Jesús Cuesta, ha asegurado que la "ley estatal obliga a informar a los padres de todas las actividades que se hacen en el centro, pero no exige la petición de permiso, a no ser que impliquen salir del centro o cuesten dinero".
Cuesta ha detallado que, "hasta que la educación afectivo-sexual se dé de manera transversal y con actividades propias", en la comunidad murciana la norma establece que estos contenidos pueden ser impartidos por personal docente o por otra serie de personas, lo que venía sucediendo hasta hace unos meses sin problemas".
"Pero ahora tenemos un gobierno de derechas, simuladamente homófobo que se ha asociado con uno claramente homofobo, que es Vox" y "todo ha cambiado", ha incidido Cuesta, que recuerda que su asociación comenzó haciendo "unas cinco charlas en 2010" y "en los últimos meses "no daba abasto".
Pero reconoce que con la nueva normativa de educación, "muchos centros, por muy 'progres' que sean, se autocensuran y nos han dejado de pedir estas charlas", lo que en parte se debe a que "tienen que recibir unas ayudas y les da miedo que les cierren el grifo".
Vox también ha lanzado un órdago en el gobierno andaluz al presentar 35 propuestas para retirar su enmienda a la totalidad al Presupuesto autonómico del 2020, en las que incluyó esta "autorización expresa" para la participación en actividades extraescolares.
Y en la Asamblea de Madrid ha empezado a cuestionar dónde empieza la "corrupción de menores" y dónde termina la "educación en diversidad sexual" y ha asegurado que la "discriminación positiva" a los alumnos Lgtbi está forzando una "discriminación negativa" al resto del alumnado.
Una acusación que ha levantado una enérgica protesta de la diputada transexual del PSOE en la Asamblea madrileña, Carla Antonelli, quien ha reclamado al gobierno autonómico que actúe para "poner freno a este cáncer que se llama lgtbfobia" y ha exigido "hacer efectivas" las dos leyes de igualdad Lgtbi con que cuenta la comunidad.
Pero además de combatir la implantación de este "pin parental", el colectivo también rechaza "cualquier intento de hacer retroceder sus derechos", como denuncia la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) que sucede en Castilla-León.
Según la Felgtb, el PP, con el apoyo de Ciudadanos, ha propuesto una ley Lgtbi que “deja de incluir aspectos fundamentales como el acceso a la sanidad o la no discriminación en el ámbito escolar", después de que en la anterior legislatura se diseñara una norma apoyada por todos los grupos políticos, excepto los populares, y redactada con la colaboración de todos los colectivos Lgtb.
Por ello, acusa al PP de promover una nueva ley que "no es la nuestra", que "incluye elementos negociados con grupos Lgtbfóbicos y que "está llena de recortes inasumibles en derechos fundamentales".
El descontento del colectivo también ha llegado al gobierno de Aragón, donde la asociación "Somos Lgtb+" ha denunciado que no se están implementando las leyes Lgtbi aprobadas por unanimidad en la pasada legislatura y reclama una "hoja de ruta clara respecto a las políticas de diversidad sexogenérica y familiar".
