La organización agraria COAG ha anunciado un proceso de movilización general agraria ante la "brutal crisis que padecen la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos en nuestro país" y la convocatoria de un paro en el campo.
En un comunicado, COAG ha explicado que este proceso de movilizaciones se desarrollará una vez esté constituido el nuevo Gobierno para tener "un destinatario claro y directo de las reivindicaciones".
Desde la organización han justificado la movilización por "la caída de los precios en origen y, en consecuencia, de las rentas de los agricultores"; la continuada subida de los costes de producción; la desregulación de los mercados y eliminación de la preferencia comunitaria; y la "uberización" progresiva del modelo social y profesional de agricultura.
"Las macromagnitudes oficiales son más que elocuentes", han subrayado.
En este sentido, COAG cita los datos publicados por Eurostat según los cuales la renta agraria en España se ha desplomado un 8,6 %, por la caída del valor de la producción de un 3 % y el aumento de los costes de producción en un 3,6 %.
Estas cifras reflejan, a juicio de la organización, "la presión a la que están sometidos los profesionales agrarios por ambos lados de la cadena: por un lado, vía costes, los fabricantes de insumos "que tienden a la composición de monopolios", y por otro, una distribución "fuertemente concentrada".
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha asegurado que la cadena alimentaria sigue "absolutamente desequilibrada y el valor que genera no llega a los agricultores", situando a las pequeñas y medianas explotaciones "por debajo del umbral de rentabilidad".
Toda ello, además, se ve amplificado con el aterrizaje de los fondos de inversión y las grandes multinacionales agroalimentarias, y si este modelo de oligopolios se impone "España camina hacia la uberización del campo español", ha señalado Blanco.
Como otras amenazas para el sector, el secretario general ha señalado los efectos del "Brexit", los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea (UE) con terceros países, las importaciones "masivas sin control de estándares de calidad", la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, las condiciones laborales y sociales, y los aranceles de la administración de Donald Trump.
Ha advertido, además, sobre el desmantelamiento de los sistemas de regulación de mercados y del principio básico de preferencia comunitaria, así como sobre "la creciente ola de criminalización de la actividad agrícola y ganadera por parte de los movimientos fundamentalista del animalismo y de los grupos ecologistas más ultras y radicales".
